Más y más suspensiones se suman a la quita de beneficios sociales que recibía la población más vulnerada del colectivo LGBTIQ+. Y parece que, una vez más, hay que continuar aclarando lo obvio: las personas travesti-trans también trabajan, de lo que pueden, porque la discriminación y exclusión sistemática del ámbito laboral y social torna un desafío acceder y permancer en empleos. Por no mencionar el empleo formal. Ahora el Gobierno también suspendió la Tarjeta Alimentar para el colectivo.
Esta ayuda estaba enmarcada en el Plan Nacional de Protección Social, y es esencial aclarar las condiciones en que se creó y quienes podían adherirse:
Sólo podían inscribirse al programa las personas travestis y trans mayores de 18 años de edad. Quedaban excluidas aquellas que poseían más de un bien inmueble; propietarias de un vehículo con una antigüedad menor a 10 años; y las inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) o Régimen General (Autónomos).
Un incendio destruyó la redacción de Anfibia
Esta política alimentaria comenzó a implementarse desde el ex Ministerio de Desarrollo Social durante la pandemia, cuando el encierro obligatorio perjudicó al límite a las ya precarizadas travestis que ejercían trabajo sexual. Debido a la discriminación sistemática se decidió continuarla desde entonces, como un paliativo de todo a lo que la población no puede acceder o sostener.
Gimena, de Campana, hace la fila en @MindeCapitalH: "Nos recortaron fondos de la Tarjeta Alimentar a la comunidad trans. A la ministra le diría que no ajuste por los más débiles". pic.twitter.com/gClVaKUmce
— lavaca tuitera (@Lavacatuitera) February 5, 2024
“Como las personas trans no cumplen los requisitos de las tarjetas Alimentar por no pertenecer a ‘un grupo familiar’, el gobierno anterior dispuso a través del Programa 54 – Plan Nacional de Protección Social tarjetas precargadas a través de la Administración Nacional de Seguridad Social”, dijo el activista y docente de la Universidad de La Plata Pato Laterra, en entrevista con Agencia Presentes.
Entonces, esta prestación se dirigió específicamente a la población travesti y trans en situación de alta vulnerabilidad por motivos basados en hechos de violencia de género, discriminaciones y violencia institucional. También abarcaba a mujeres y personas no binarias, lesbianas y bisexuales que cumplieran estos criterios.
Es en este contexto que les beneficiarios se encontraron con que el presupuesto del Programa 54 de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Economía Solidaria que alberga al Programa de Recursos para la Promoción Social donde se encuentran estas tarjetas, no fue ejecutado en enero ni febrero. A través de ellos se otorgaban 5 mil RPS mediante tarjetas precargadas a un total de 4.305 personas travestis y trans en situación de extrema vulnerabilidad.
ATE repudió más de 600 despidos comunicados por Capital Humano
Por otro lado, se suma el reclamo de Frente de Travajadores TTNB en el Estado:
"¡Basta de matarnos de hambre! El gobierno adeuda el Plan Nacional de Protección Social hace 20 días, que permite a la población travesti trans y en situación de vulnerabilidad social comprar alimentos de primera necesidad a través de una tarjeta", denunció la asamblea con una publicación en Instagram. Además, advirtieron: "Esto equivale a un 0,0087% del presupuesto nacional de todo el año, mientras paga más de 11% en deuda al FMI. No ha ejecutado ni un peso en políticas alimentarias en lo que va del año".
También hubo muchas bajas en el programa Potenciar Trabajo, falta de alimentos en comedores, se paralizaron las nuevas altas del Plan Acompañar otorgado a mujeres y personas LGBT+ que sufren violencia de género y se eliminó el Plan Registradas, que incentivaba la registración de empleadas domésticas. Su otorgamiento era por seis meses, pero se elevaba a ocho meses para personas trans y travestis.
