Tras lograr en diciembre la inflación más alta de los últimos 30 años y promover la desregulación de la economía, el Gobierno avanza en su búsqueda de disminuir al máximo la intervención del Estado. Con ese fin, dispuso la derogación de 69 normas relacionadas con Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento, que servían para que los grandes mercados expongan entre sus productos una serie de artículos con precios más accesibles y habilitaba al Estado a intervenir en fijar precios máximos o incluso sancionar a empresas si ponían precios elevados sin justificación, entre otras cosas.
"El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria", dijo el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, en un comunicado.
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A criterio de Comercio, las 69 normas, que se derogaron mediante la resolución 51/2024 publicada este lunes en el Boletín Oficial, "obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado".
El organismo señaló que "se trabajó en el relevamiento de las normas de cada área a su cargo con el objetivo de desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios".
Entre lo alcanzado por las derogaciones se encuentran el Sifire, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el Sipre, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior
"Ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior", se indicó.
También se dispuso derogar normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas, que establecían su supervisión y cumplimiento.
Se derogaron además regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que el mismo había finalizado el 8 de diciembre de 2023.
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Según la Secretaría, "estas herramientas sólo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país".
Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, apuntando "a que ese tipo de políticas sea impulsado por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real".
Dentro de las políticas impulsadas desde la Secretaría de Comercio, se derogaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada.
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Asimismo, se derogó la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores "que violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional de acuerdo en lo que establece el artículo 42, de usuarios y consumidores".
Estas derogaciones son el resultado de una primera etapa de relevamiento, a la que seguirán otras medidas, se informó.
