El Ministerio de Capital Humano inició más que tardíamente un operativo este viernes para distribuir los alimentos adquiridos por el gobierno de Alberto Fernández y almacenados en dos depósitos. Sin embargo, este operativo no cuenta con la aprobación del Poder Judicial. Cabe destacar que el gobierno de Javier Milei aún no derivó ni un centavo a la compra de alimentos.
Fuentes judiciales han revelado que el ministerio, dirigido por Sandra Pettovello, no cumplió con el plazo establecido por el juez Sebastián Casanello para informar sobre cómo se llevaría a cabo la distribución de los alimentos. Esta situación ya ha sido comunicada a la Cámara Federal, ya que podría constituir un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El juez Casanello y la fiscal Paloma Ochoa están investigando precisamente este presunto delito, que se habría cometido por no distribuir los alimentos antes de que se conociera la decisión del Ministerio de Capital Humano de hacerlo, tomada recientemente.
El pasado lunes, el juez Casanello emitió una medida precautoria en la que ordenaba la distribución de los alimentos destinados a comedores sociales y daba un plazo de 72 horas para que el ministerio diseñara e informara sobre un plan de distribución. No obstante, una vez vencido el plazo, los funcionarios de Pettovello no presentaron ningún plan de distribución.
En el contexto de una causa por incumplimiento, el hecho de no acatar una orden judicial implica una doble comisión del delito. El Gobierno apeló la decisión de Casanello y el juez concedió el recurso, pero esto no detuvo los plazos que se le habían otorgado.
