El Gobierno oficializó este lunes la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por 180 días y designó al frente de esa tarea a Juan Martín Ozores. En tanto, desde ATE alertan de que "no hay motivos" que justifiquen la decisión, al mismo tiempo que se resaltó que "la verdadera finalidad es fomentar el ingreso de empresas extranjeras como Starlink y otras".
La medida, adelantada el fin de semana, fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 89/24 y adoptada, según se explica en los considerandos, "en consonancia con los lineamientos" del DNU 70/23, dictado por la actual administración "para afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector".
En el texto de la disposición se argumenta "que a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones" adoptadas por el Enacom "que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes", y que esas medidas "han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas".
"En virtud de ello, y a los efectos de llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación, resulta necesario disponer la intervención" del organismo, concluye el decreto publicado este lunes, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Junto a Ozores, el Poder Ejecutivo designó dos interventores adjuntos: Patricia Zulema Roldán y Alejandro Fabio Pereyra, quien fuera interventor del organismo de telecomunicaciones durante el Gobierno de Mauricio Macri.
De acuerdo a lo detallado en el decreto, tendrán que "evaluar e informar sobre la situación actual" del Enacom "en referencia al cumplimiento de sus competencias".
En ese marco, añade el texto del articulado, "deberán analizarse muy especialmente las implicancias devenidas en el mercado de las TIC a partir del dictado del citado decreto de necesidad y urgencia N° 690/20 y los actos administrativos de aplicación surgidos como consecuencia de ello".
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"Asimismo, deberá informarse sobre las medidas cautelares judiciales vigentes, así como sentencias judiciales contra actos administrativos sobre materias que son competencia" del Ente, se agrega entre las tareas asignadas a los interventores.
También, deberán realizar "un relevamiento y evaluación de la estructura organizativa" del Enacom "a efectos de propiciar su reorganización funcional y operativa", "procurando fomentar su profesionalización y eficiencia".
"En pos de esa eficiencia, dicha reorganización funcional deberá procurar la simplificación de los procesos administrativos" del Ente, "así como la reducción de trámites excesivos", remarca el texto.
Además, "deberán determinarse y redefinirse los programas y el alcance de los proyectos sobre el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), y el estado de otorgamiento y cumplimiento de los Aportes No Reembolsables".
Por su parte, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó "que no hay motivos" para la intervención y aseguró que el organismo cumple "un rol esencial a la hora de garantizar la pluralidad de voces, la inclusión digital y el acceso a la información de todos los sectores sociales".
NO HAY MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓN DEL ENACOM
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) January 28, 2024
Estamos en las puertas de un grave retroceso en la democratización del sistema de medios en la Argentina.
Tras la idea de ordenar y desregular el sector, se terminará atacando su rol esencial que es el de garantizar la… pic.twitter.com/SndZfThE4q
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Transcripción del comunicado:
"NO HAY MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓN DEL ENACOM.
Estamos en las puertas de un grave retroceso en la democratización del sistema de medios en la Argentina.
Tras la idea de ordenar y desregular el sector, se terminará atacando su rol esencial que es el de garantizar la pluralidad de voces, inclusión digital y el acceso a la información de todos los sectores sociales.
El acceso de todos a la conectividad, especialmente de los sectores sociales más vulnerables, es un derecho y también se traduce en una mayor integración del país.
El organismo garantiza la conectividad en zonas donde las empresas privadas, sin financiamiento del Estado, no ponen internet porque no es rentable.
Detrás de la presunta intención de promover la libre competencia entre prestadores de servicios de la comunicación, se esconde el objetivo de fomentar el ingreso de empresas extranjeras como Starlink y otras.
Los espacios bonificados y las estaciones tecnológicas que se garantizan desde el Estado permiten que todos tengan conectividad independientemente de dónde vivan.
Dentro de los espacios bonificados se encuentran:
• Escuelas primarias, secundarias y jardines maternales.
• Espacios de salud.
• Iglesias y bibliotecas.
• Centros comunitarios y comedores.
• Plazas y clubes de barrios.
• Hasta fines del año pasado había más de 160 puntos de wifi libre y más de 200 estaciones tecnológicas. También nos genera dudas que se designe como Interventor a Ozores, hasta ahora vendedor de celulares, con el mayor de los respetos a todos quienes realizan ese digno trabajo, pero que en este caso deberá gestionar un organismo en el que hasta tendrá que coordinar posiciones satélites soberanas".
