La Ley Trans en España a un paso de aprobarse: ¿qué implica?
A pesar de sectores de izquierda, feministas transexcluyentes y sectores conservadores en general, la Ley Trans se abrió paso y consiguió la luz verde en Diputados. Ahora está en manos del Senado. ¿Qué implica y qué no?
La Cámara de Diputados de España aprobó este jueves el proyecto "Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI", tras meses de fuertes tensiones dentro del Gobierno progresista y en el movimiento feminista. Ahora deberá pasar al Senado, que podrá aprobar el texto tal como está, modificarlo a través de enmiendas o incluso aprobar un veto.
Con 188 votos a favor y 150 en contra, más siete abstenciones, el proyecto más conocido como la "Ley Trans", abarca distintos puntos que van desde el cambio registral del género y el nombre, hasta la prohibición de las terapias de conversación.
En Argentina tenemos la Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012, mientras que el primer país europeo en reconocer derechos en cuanto identidad de las personas trans fue Dinamarca, en 2014.
La situación en España cambiaría a partir de la aprobación de la ley en la Cámara Alta pero, según Elizabeth Duval (activista y escritora transfeminista): "En España las competencias como educación o sanidad están transferidas a las comunidades autónomas y estas ya tienen en su sanidad el tema hormonal y las cirugías reguladas. Lo que hace fundamentalmente la ley trans es agilizar los procesos de cambio de nombre y mención de sexo en los registros". De hecho, el proyecto de Ley Trans no contempla en su texto derechos relativos a las modificaciones corporales. De todos modos, y a pesar de las varias omisiones que se hicieron en el proyecto actual, España se convertirá en uno de los pocos países que permitirá la rectificación del género sin autorización médica.
Esclavizaba en su casa a una inmigrante: imputan a dirigente del PP de España
¿Qué propone la Ley Trans?
→ El cambio de género en el registro de identidad será libre a partir de los 16 años. Solo se necesitará la voluntad de la persona. Para los adolescentes de entre 14 y 15 años, se necesitará una autorización legal para poder llevarlo a cabo; y a los 12 y 13 años, un aval judicial, tal y como explica una periodista de El País en el siguiente video.
Hasta el momento, esta modificación solo está habilitada para personas mayores de edad que tuvieran un informe médico que les respaldase y acreditaran haberse sometido a un tratamiento hormonal durante al menos dos años.
→ Despatologiza la identidad trans de manera oficial (dejó de ser considerada un trastorno por la OMS en 2018, aunque lo modificó por "disforia de género").
→ Se podrá tomar la decisión de volver a modificar el género y el nombre de ser solicitado y deseado por la persona, después de 6 meses del proceso.
→ Prohíbe las terapias de conversión y aplicará multas de haberlas.
→ Filiación de los bebes de parejas que no están casadas, siempre que haya en ella un hombre trans con capacidad de gestar.
→ Para las personas intersex, se prohíben “todas aquellas práticas de modificación genital en personas menores de 12 años, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de proteger la salud de la persona”.
→ La administración pública deberá garantizar la igualdad en el acceso a recursos y servicios dirigidos a las personas LGTBI en el ámbito rural.
Rusia prohíbe la visibilidad LGBTIQ+ para todas las edades
Controversias
Algunos sectores de izquierda repudian la ley más allá de su contenido, sino por rechazar cualquier oportunidad de ampliar derechos para las personas trans, a quienes no reconocen su validez e igualdad de derechos tal como cualquier persona cis.
"Esta ley repara una deuda histórica del Estado con las personas trans", "por fin despatologiza las vidas trans", expresó Irene Montero, ministra de Igualdad y la principal impulsora del texto.
"Las mujeres trans son mujeres", agregó la integrante de Podemos, contra las tensiones y los dichos de sectores del feminismo transexcluyente (TERF), quienes sostienen que la ley "borra" a las mujeres y desdibuja la discriminación que sufren en base a su sexo biológico.
"Cuando se reivindica el género por encima del sexo biológico (...) me parece un retroceso" para las mujeres, dijo la socialista Carmen Calvo, en una entrevista con el diario El Mundo en septiembre.
Las feministas transexcluyentes desalientan cualquier avance de derechos para las personas trans, argumentando que habrá hombres que se autoidentifiquen como mujeres para dañar a las mujeres "reales". Tampoco quieren que las mujeres trans puedan participar en competiciones deportivas femeninas o cumplir condenas en prisiones de mujeres.
Sin embargo, en cuanto a las cárceles y al peligro de que hombres que transicionaron a mujeres agredan a las internas, la ley no modifica el funcionamiento de los centros penitenciarios que desde hace años se rigen por una instrucción que permite a las personas trans ingresar en el módulo correspondiente a su identidad de género.
Valiéndose de estos reclamos, los socialistas presentaron una enmienda que extendería el requisito de la autorización judicial también para los jóvenes entre 14 y 16 años, pero acabó siendo rechazada.
En España, el movimiento antiderechos cobró mucha fuerza en los últimos años, de modo que, de efectivamente aprobarse esta ley, implicaría algunos avances con peso para la población trans e intersex.
