Mientras la propiedad se disputa, campesinxs popularxs comienzan a trabajar la tierra en el marco del Proyecto Artigas.
La Justicia entrerriana resolvió este viernes no hacer lugar al pedido de desalojo en un predio en disputa en el marco de un juicio sucesorio entre lxs hermanxs de la familia Etchevehere, y propuso a las partes "pensar una solución pacífica y armónica".
El juez subrogante de la Paz, Raúl Flores, no dio lujar así al desalojo en la Estancia Casa Nueva, en Entre Ríos, donde se encuentran lxs campesinxs de la economía popular que integran el Proyecto Artigas, que lidera Dolores Etchevehere.
El magistrado recomendó a lxs hermanxs Dolores, Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel Etchevehere a que lleguen a un acuerdo mediante una reconciliació. Según el fallo, Dolores Etchevehere "probó en la audiencia que fue declarada también heredera" de los predios y remarcó que el ingreso a la propiedad fue "pacífico y sin violencia" y que la denuncia contraria no indicó ni probó "un hecho violento más que el número de personas" presentes.
El predio Casa Nueva, ubicado sobre la ruta provincial 48, en el acceso a la localidad de Santa Elena, en el noroeste entrerriano, entró en disputa entre Dolores Etchevehere y su familia, entre ellos el exministro de Agroindustria del gobierno de Cambiemos, Luis Etchevehere.
Dolores busca ceder parte de ese predio para el desarrollo de una iniciativa denominada Proyecto Artigas, que emprende un modelo agrario sostenible llevado a cabo por un grupo de campesinos sin tierra, activistas y organizaciones ambientales en esa provincia.
Según los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, el pasado 15 de octubre a las 11, Dolores y un grupo de unas 40 personas ingresaron a Casa Nueva y exigieron la entrega de las llaves del predio que, ante la negativa, tomaron y se instalaron en el lugar. Allí realizaron trabajos en la tierra y les comunicaron a lxs trabajadorxs del lugar donde no podían dirigirse ni transitar, impidiendo "el normal trabajo e intimidándolos".
La fiscalía había adjudicado "violencia y engaño" por parte del grupo encabezado por Dolores, pero el juez no indicó ni probó "otro hecho violento más que el número de personas", por lo que luego aclaró que "en realidad fue pacífico y sin violencia".
En su fallo, el magistrado Flores resaltó que la denuncia sobre una usurpación del inmueble con violencia "no fue acompañada por prueba alguna de que alguno de ellos haya desplegado violencia o algún tipo de amenazas".
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Los abogados querellantes habían denunciado un "engaño" para poder ingresar y "darse a conocer como heredera"; pero el juez recordó que lxs empleadxs "saben que los patrones son la familia Etchevehere" y que la propia fiscalía probó que Dolores también "fue declarada heredera".Por ende, "no hubo tal engaño en el proceder, y no invocó ella a su ingreso al campo ni más ni menos de lo que es: una heredera de don Luis Etchevehere", agregó en el fallo.
El juez Flores dedujo que los herederos omitieron "inventariar el inmueble donde se asienta el campo Casa Nueva" y a la fecha "no hay partición", por lo que lxs hermanxs son "condóminos y dueños por igual por todos los bienes hasta que culmine el sucesorio". Además, destacó que "eso dejaría en pie" una asamblea societaria en la cual Leonor Barbero Marcial y sus hijos, le cedieron a Dolores 129 hectáreas del campo Casa Nueva.
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Finalmente, el juez resaltó que la disputa familiar por la herencia "no puede ser resuelta en sede penal por estar claramente confundidos los verdaderos dueños del campo presuntamente usurpado". Además, "no ha podido ser acreditado" el delito y por ello no puede ser "válidamente despachada la medida cautelar de desalojo".
"Pido disculpas a las partes su mención, pero mi formación judicial desde el derecho de las familias me lleva a la necesidad de ofrecer pensar una solución pacífica, armónica, desde el ganar-ganar, distinta a lo visto hasta entonces", concluyó el juez.
