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Fabiola Yañez presentó una demanda contra Google

La primera dama, Fabiola Yañez, irá contra el buscador por una descripción "misógina, maliciosa y difamante" sobre su ocupación.

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Fabiola Yañez.

Fabiola Yañez presentó una demanda judicial contra el gigante Google y solicitó una pericia informática en carácter de prueba anticipada. El motivo es la descripción de su ocupación que aparecía en el popular motor de búsqueda.

La primera dama explicó que la forma en la que se refería en su panel de conocimiento sobre su ocupación era "misógina, maliciosa y difamante". Esta situación la motivó a presentar el reclamo ante el fuero federal Civil Comercial con el patrocinio del abogado Luis Goldin.

"El día 12 de noviembre de 2020, Google colocó en su panel de conocimiento una infamante leyenda, en el lugar donde debería figurar la ocupación y el nombre de la primera dama", indicó Fabiola Yañez, en un comunicado de prensa.

En la presentación se le solicita a la firma creadora del motor de búsqueda que explique en forma clara y precisa cómo se generó esta publicación, cuánto tiempo estuvo activa y qué cantidad de visualizaciones, visitas e interacciones tuvo.

Su letrado solicitó que se "arbitren todos los medios necesarios para descargar y almacenar la totalidad de los datos asociados al nombre Fabiola Yañez y primera dama, a partir del 12/11/2020 hasta el día en que se realice la presente pericia, que surjan del contenido del panel de conocimiento del buscador 'Google' de una persona destacada".

La demanda explica que Google afirma tener 3 billones de visitas por día, "y por eso solo la propia empresa tiene acceso a los datos de cuánta gente vio o interactuó con esa noticia maliciosa e infamante, por lo que es crucial la pericia informática solicitada"

La empresa además deberá detallar qué medidas tomó con relación a la publicación y cuantificar la totalidad de interacciones entre el 26 de octubre y el 15 de noviembre de 2020, entre otras requisitorias. Fabiola Yañez destacó la importancia de realizar esta presentación para establecer un criterio jurisprudencial que "garantice protección de los derechos y la intimidad de todos los argentinos y argentinas".



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