A pesar de que se encuentra vigente el Decreto presidencial que suspende los desalojos, prorrogado hasta el 31 de marzo próximo, a las 22 familias que viven en el conventillo de Vespucio 65, en el barrio porteño de La Boca, les llegó una orden de desalojo para este miércoles a las 7.30. En el predio, que está habitado hace años por ellxs, viven más de 40 niñxs.
Fue el Juzgado Civil 97 el que dispuso llevar adelante el operativo sin importar ni la decisión presidencial excepcional por el momento de pandemia del decreto 320/2020 (prorrogado por decretos 766/20 y 66/21), ni el riesgo de dejar a todas esas familias en la calle. Mientras, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) hace negociados con tierras fiscales que no resuelven el desesperante déficit habitacional de la urbe más grande del país.
"Es absolutamente inexplicable que se insista con llevar adelante un desalojo, que tendría graves consecuencias sociales, ya que ni el Juzgado, ni el GCBA han previsto ninguna solución habitacional alternativa para ninguna de las familias. Tampoco tiene explicación la urgencia en realizar el desalojo, cuando todavía todos estamos padeciendo las consecuencias de la pandemia, lo que dificulta enormemente la capacidad de las familias de obtener ingresos para poder subsistir y encontrar un lugar digno en el que vivir". denuncia la comisión de Vivienda y Hábitat de la organización La Boca Resiste y Propone.
El conflicto tiene historia. Las familias habitan ese conventillo hace tiempo y la empresa de seguridad Alarmas Comahue S.A. compró el inmueble en estado de ocupación a precio muy bajo, conociendo la situación de las personas que ahí viven y aprovechándose de eso.
"Pese a todo esto, el Juzgado privilegia intereses meramente económicos de la empresa que pretende realizar el desalojo. Por eso, instamos al Juzgado y a todas las autoridades del Gobierno de la Ciudad a suspender este desalojo, y trabajar para que las familias tengan una solución habitacional digna, respetando así la Constitución Nacional, los tratados de Derechos Humanos y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires", finaliza el comunicado.
