"Yo les corto el agua y la comida", remató Florencia Arietto, ex asesora de Seguridad de Patricia Bullrich, durante una entrevista con el programa "Una vuelta más", en TN, en referencia a las personas que tomaron tierras en Guernica, del partido bonaerense de Presidente Perón.
Ante la pregunta del conductor Diego Sehinkman respecto de si ella tuviera que negociar algo o procurar alguna solución habitacional, la respuesta fue contundente respecto de su postura, en la que argumentó que "hay que cesar el delito".
En ese sentido, responzabilizó al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni y sostuvo que "esas personas que están ahí adentro (en Guernica) están cometiendo un delito y la cabeza, la conducción de esa situación que hay que resolver es del Ministerio de Seguridad, acompañado por la justicia que es la que emite la orden de desalojo que ya está".
"El otro día (Berni) dijo’bajamos todas las estadísticas de delitos’, y la única que se duplicó o las dos más importantes son los femicidios y los homicidios en ocasión de robo", enfatizó Arietto y agregó: "esto es la gestión de Berni".
"El ministerio de seguridad (bonaerense) no se puede correr de su responsabilidad de desalojar, más allá de que Desarrollo Social, Hábitat o cualquier persona pueda ejercer una negociación", aseguró la ex asesora de Bullrich.
Por último, cuando Sehinkman aseguró que "el gobierno no quieren que haya una violencia con represión fuerte sacando a la gente que ya dijo que no se quiere ir", Arietto subió la apuesta a sus ya polémicas declaraciones y habló de una "guerra civil".
"Bueno, eso es un mensaje para los 4 millones 300 mil personas que están en situación de déficit, que viven en una villa o un asentamiento precario. Es una guerra civil. Es una confrontación de dónde la ley se corrió, donde la intermediación del estado se corrió", afirmó.
"Esto (la toma de terrenos) es un antecedente peligroso en un contexto de 50 % de pobreza", concluyó Arietto.
Sus declaraciones se dan en el marco del anuncio de desalojo para el próximo jueves, que la justicia postergó días atrás, luego de que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense presentara una solicitud ante el juez de la causa, Martín Rizzo, para retrasarlo.
