En una nueva jornada de protesta frente al Congreso Nacional, la movilización de jubilados fue nuevamente reprimida por fuerzas de seguridad federales. El operativo, encabezado por la ministra Patricia Bullrich, incluyó la participación de la Policía Federal, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quienes desplegaron un fuerte cordón para impedir el avance de los manifestantes.
Durante la represión, se registraron incidentes violentos que incluyeron el uso de gases lacrimógenos y golpes contra los manifestantes. Entre los detenidos se encuentran los fotoperiodistas Tomás Cuesta y Javier Iglesias. Cuesta fue derribado al suelo, golpeado e inmovilizado con una rodilla sobre su cabeza.
La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) expresó su preocupación por la detención de los fotógrafos y denunció un ataque a la libertad de prensa. En un comunicado, señalaron: "El ataque a la libertad de expresión no cesa, hoy se llevaron detenidos a los fotoperiodistas Tomás Cuesta y Javier Iglesias, en otro claro ataque al ejercicio del periodismo en medio de la brutal represión a los jubilados".
La represión también afectó a otros trabajadores de prensa. Según informes, al menos nueve periodistas resultaron heridos durante el operativo, incluyendo profesionales de diversos medios. La Posta de Salud y Cuidados informó: "Hemos atendido a alrededor de 70 personas, afectados por los gases, que les provocaron quemaduras en la piel. Entre ellos se encuentran jubilados, trabajadores de prensa de LN+, C5N, La Izquierda Diario y otros, además de manifestantes solidarios. Un trabajador de prensa sufrió heridas de balas de goma".
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó el accionar de las fuerzas de seguridad, argumentando que en la movilización había "grupos anarquistas" y que se aplicó el protocolo antipiquetes. Sin embargo, las imágenes y testimonios recogidos durante la jornada muestran una represión indiscriminada contra manifestantes pacíficos y trabajadores de prensa.
Organizaciones de derechos humanos, sindicatos y asociaciones de prensa han exigido la liberación inmediata de los detenidos y el cese de la represión a las manifestaciones pacíficas. La situación continúa generando preocupación en distintos sectores de la sociedad argentina.
