La situación que vive Bolivia desde el golpe de Estado cívico-militar que sacó del poder a Evo Morales tienen sumnido al país en una situación de emergencia humanitaria que hacía largos años no se registraba en el país hermano.
Hasta allí viajó una delegación de dirigentes sociales, científicos y trabajadores por los derechos humanos, que firmaron un documento que subraya los crímenes de lesa humanidad que están llevando a cabo las fuerzas de seguridad conducidas, al menos en lo formal, por la presidenta de facto Jeanine Áñez.
El documento advierte y pone de manifiesto, entre otros temas, que "se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carácter sistemático y por tanto constituyen delitos de lesa humanidad".
Asimismo, el texto remarca que "la delegación no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles".
En este marco, el informe detalla 12 puntos que ponen de manifiesto la grave situación que atraviesa la nación del altiplano.
Los 12 datos que muestran la tragedia boliviana
* Desde que las fuerzas golpistas tomaron el poder en Bolivia se produjeron al menos dos masacres contra la población civil y ocurrieron en la localidad de Sacaba (en el estado de Cochabamba) y Senkata (en Ciudad del Alto).
* Se registraron casos de desaparición forzada de personas. La delegación puntualizó sobre este tema que el dato se alimenta con "una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero".
* Hay torturas y numerosas denuncias de delitos sexuales, incluyendo casos de abuso de cuerpos sin vida de las víctimas de la represión, "propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad", según el documento.
* También se denunció la puesta en prácticca de "métodos de amedrantamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas familiares, humillación pública y linchamientos" contra gobernantes, legisladores, funcionarios y hasta familiares de ellos (entre quienes se contaron virulentos ataques contra la familia de Evo Morales).
* Se produce día a día una persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales
* Listas negras. Dirigentes políticos y sociales cercanos al partido MAS, de Evo Morales, son perseguidos y censurados en los medios de comunicación. Desde el mismo gobierno se anunció, incluso, que se publicaría el nombre de quienes el gobierno de facto califica como "subversivos".
* La represión a las manifestaciones públicas es salvaje y produjo decenas de muertos.
* La libertad de prensa fue reducida desde el golpe de forma "manifiesta".
* Se promueve el racismo y los discursos de odio "por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales".
* Se lleva adelante una negación sistemática de salvoconductos para persecuciones políticas que generaron hasta pedidos de refugio en países cercanos, tal como sucedió como es de conocimiento mundial por el propio presidente depuesto Evo Morales.
* Según el documento de la delegación argentina, el Poder Judicial "se encuentra sometido al gobierno de facto". En ese marco, "víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidos".
* Hay un constante hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales. "En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales", puntualizaron los argentinos que estudiaron la situación.
