El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó este martes las "masacres" de civiles en Bolivia, al presentar su informe final sobre las muertes en Senkata y Sacaba, ocurridas luego del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.
"La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprevenidos a los ciudadanos y ciudadanas", indicó la investigación presentada en el Banco Central de Bolivia.
"En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas", afirmó la representante del GIEI Patricia Tappatá.
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La experta en Derechos Humanos aclaró que el informe no intenta dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral previo constituyeron fraude o golpe de Estado, ni se tuvo en cuenta la denuncia contra los funcionarios del Gobierno argentino que encabezó Mauricio Macri por el envío de armas para reprimir el conflicto, dado que no es parte del mandato que recibieron.
"Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado, por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la CIDH", precisó sobre lo ocurrido en Senkata y Sacaba.
Esos hechos de violencia a los que hizo referencia ocurrieron luego de la asunción de la hoy detenida exmandataria de facto Jeanine Áñez, quien, tras la salida obligada de Evo Morales en noviembre de 2019, asumió el poder en circunstancias irregulares ante una Asamblea sin quorum ni oposición.