La Oficina Anticorrupción denunció a la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional por la compra en 2018, con hasta 315% de sobreprecio, de ambulancias, municiones, chalecos antibalas y otros materiales, con el fin de ser utilizados durante la cumbre del G-20.
La empresa a la que se le realizó la compra estaba vinculada con la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña.
Desde Juntos reconocen que atraviesan una "crisis" y una "fragmentación"
Los delitos en los que habría incurrido Patricia Bullrich y otros funcionarios del Ministerio de Seguridad como Alberto Fernando Fohrig, Martín Siracusa y Daniel Fihman se habrían consumado a través de nueve licitaciones prolijamente diseñadas, destinadas a la adquisición de bienes a utilizarse en la Cumbre del G-20 que se realizó con bombos y platillos entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018.
La denuncia que involucra a la jefa del PRO partió de una investigación de la Oficina Anticorrupción, impulsada por una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que se percató de que en los llamados a licitación se había dejado expresa constancia de que los bienes a adquirir resultaban necesarios para apoyar el trabajo de las Fuerzas de Seguridad en la cumbre. Sin embargo, los propios funcionarios aceptaron que la entrega de todo ese material (cale remarcar, pagado hasta 315% por arriba de su valor) se entregara luego del 1 de diciembre.
Según publicó el portal El Destape, una vez terminada la cumbre, ni los 5 camiones hidrantes, las 4 ambulancias, los 20 furgones, los 475 chalecos antibalas, los 900 uniformes ignífugos, los 2 scanners de vehículos, ni los sistemas de comunicación, equipos antiexplosivos y 120 pistolas tácticas pudieron utilizarse con la finalidad que se había argumentado para hacer su compra, que, además, superó los 9 millones de dólares.
Por otra parte, la investigación determinó en el caso de la licitación de equipos antiexplosivos, puntualmente en la compra de 2 tolvas de protección, Patricia Bullrich aprobó su adquisición a la firma Everthron Marine Systems S.R.L, en un precio que excedió en más del 315% el precio testigo establecido por la SIGEN (así puede constatarse en la Resolución RS-2018-59884329-APN-MSG firmada el 21 de noviembre de 2018).
Según la investigación de la Oficina Anticorrupción, el escándalo mayor es la compra de 475 chalecos antibalas a la firma ANTAAJ S.R.L en la que además de haberse pagado un sobreprecio del 30% respecto del precio real, fueron entregados más de dos meses después de concluida la Cumbre del G-20.
La denuncia de la Oficina Anticorrupción también refirió que “desde el año 2016 hasta el 2021 todas las compras de chalecos antibalas (se refiere a las llevadas a cabo por el ministerio de Seguridad) excepto la presente, se concretaron con Fabricaciones Militares S.E mediante un procedimiento interadministrativo. De modo que no puede descartarse que la selección de un proceso más burocrático como es la licitación pública, el que se llevó a cabo con las irregularidades reseñadas, respondiera a un intento de direccionamiento para favorecer a ANTAAJ S.R.L.”.
La denuncia quedó en manos del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo de Luis Osvaldo Rodriguez, con intervención de la Fiscalía Federal N° 10, a cargo de Paloma Ochoa y destaca que los “beneficios” que la adjudicataria ANTAAJ S.R.L. recibió por parte de las autoridades del ministerio de Seguridad, podían responder al vínculo que el socio gerente de dicha empresa, Alejandro Altoé, mantenía con la diputada Graciela Ocaña.
