Como cada año, la organización internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) dio a conocer su informe sobre la situación de las democracias y las libertades civiles alrededor del mundo. A dos años de aparecida la pandemia del coronavirus, el análisis de HRW es lapidario y apunta a múltiples países en relación a la mayor persución a la disidencia y otras heridas abiertas en cuanto a derechos humanos refiere.
En cuanto al apartado dedicado a América Latina, la ONG pone el acento en el presente de Brasil, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, México y Cuba.
"América Latina está enfrentando algunos de los desafíos más graves en materia de derechos humanos en décadas", indica el informe en el marco de su Informe Mundial 2022.
“El alarmante retroceso de las libertades fundamentales en América Latina nos obliga hoy a defender espacios democráticos que solíamos dar por sentados”, señaló al respecto la directora interina de Human Right Watch, la argentina Tamara Taraciuk Broner.
“Incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y países, y la pandemia ha tenido un impacto económico y social devastador”, completó.
El 32° informe anual de HRW señala que en Brasil "el presidente Jair Bolsonaro, un defensor de la dictadura militar (1964-1985), intentó intimidar al Tribunal Supremo por medio de insultos y amenazas e hizo alegaciones infundadas de fraude electoral".
También se asevera que, en el marco de la pandemia de Covid-19, Bolsonaro "hizo caso omiso de las recomendaciones científicas, difundió información falsa y promovió tratamientos contra el virus sin eficacia comprobada".
Por si fuera poco se agrega el dato de que "en Brasil la Policía mató a 6.400 personas en 2020, la mayor cifra registrada a la fecha" y que "cerca del 80 % de las víctimas fueron personas negras".
Además, apunta que en Cuba "el gobierno llevó a cabo abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos, en respuesta a protestas mayormente pacíficas en contra del gobierno".
Por otro lado, se subraya que "en Colombia miembros de la Policía Nacional respondieron a protestas mayormente pacíficas dispersando de manera arbitraria a manifestantes y recurriendo a un uso excesivo de la fuerza, incluyendo el empleo de municiones letales". Sobre esto, se señala la gravedad que supone el hecho de que "la violencia y los abusos por parte de grupos armados, que incluyen asesinatos, masacres y desplazamientos forzados, se agudizaron en zonas remotas donde la presencia de instituciones públicas civiles y las oportunidades económicas son escasas. Según la ONU, más de 450 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016. El gobierno ha adoptado medidas insuficientes e inadecuadas para protegerlos".
En tanto, en relación a Nicaragua se puntualiza que "las elecciones de noviembre se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas" y que "de cara a los comicios, el gobierno de Daniel Ortega detuvo y procesó arbitrariamente a críticos y opositores, incluyendo a siete candidatos presidenciales, y mantuvo a muchos de ellos incomunicados en condiciones abusivas durante semanas o meses".
En otro párrafo se destaca que en Venezuela "expertos independientes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU concluyeron que las autoridades judiciales habían sido cómplices de abusos aberrantes", así como que "lla falta de independencia judicial y de respeto al Estado de derecho habían afectado la transparencia e imparcialidad de las elecciones".
El estudio de la ONG apunta también a México, donde "el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó sus ataques mediáticos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, así como sus esfuerzos por eliminar organismos públicos independientes que limitan su poder y por cooptar el sistema judicial para perseguir a enemigos políticos".
Asimismo, "en El Salvador, el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura reemplazaron sumariamente a los magistrados de la Corte Suprema con quienes diferían y promulgaron leyes para remover a cientos de fiscales y jueces de instancias inferiores" y "los nuevos magistrados designados a la Corte Suprema resolvieron que Bukele podía postularse a la reelección consecutiva, a pesar de una disposición constitucional que lo prohíbe".
En menor medida se apuntal situaciones ocurridas en Chile, Ecuador y Perú, "donde las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos contra manifestantes en los últimos años" y "aún no se han adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial, ni un marco jurídico que contribuya a que se haga justicia por estas violaciones de derechos humanos"-
Datos positivos
"Ha habido unos pocos acontecimientos alentadores. En diciembre de 2020, Argentina aprobó un proyecto para legalizar el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, y en 2021 cuatro estados de México despenalizaron el aborto en las primeras 12 semanas. La Corte Constitucional del Ecuador y la Suprema Corte de México dieron un paso para flexibilizar las restricciones al aborto, lo cual podría impulsar más avances", señala también el informe de Human Rights Watch..
"El Senado mexicano aprobó una reforma histórica a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que los albergues y Centros de Justicia para las Mujeres sean accesibles para las mujeres con discapacidad. El Congreso de Chile aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer las identidades de género no binarias en los documentos de identidad oficiales", indica también.
En tanto, en cuanto a Brasil, "el Tribunal Supremo ha bloqueado algunas de las políticas más perniciosas del presidente Bolsonaro y ha defendido los derechos humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala ha seguido alertando sobre los intentos para cercenar derechos fundamentales en el país, a pesar de enfrentar varios esfuerzos del Congreso para remover al procurador de su cargo y una posible investigación penal por promover los derechos de las personas LGBT y los derechos sexuales y reproductivos".
