La respuesta que dio el gobierno de la provincia de Buenos Aires tras el asesinato del colectivero Leandro Alcaraz fue la promesa de reglamentar de inmediato la ley provincial 14.897, sancionada en enero de 2017 y que imponía a las empresas de colectivos la obligatoriedad de instalar cámaras de seguridad a bordo de las unidades.
Sin embargo, la goberandora María Eugenia Vidal, que disponía en ese entonces de 60 días para reglamentar la norma (o sea, hasta marzo del año pasado), nunca lo hizo, impidiendo que se implemente lo ley la legislatura bonaerense había votado y que ella misma había promulgado
Ya en junio del año pasado, tras el asesinato en Claypole de otro colectivero, Carlos Ernesto Sánchez, el ministro Ritondo había respondido con la misma promesa a los representantes de la UTA (Unión Tranviarios Automotor): reglamentar la ley. Pero nada sucedió, y las cosas continuaron igual
Esta vez Ritondo dio una fecha concreta: dijo que la ley se reglamentará el lunes próximo. Incluso el diario oficialista Clarín afirmó haber accedido a un borrador de esa reglamentación, que dispondría la instalación de "la cantidad de cámaras necesarias según las características de cada unidad de transporte, debiéndose garantizarla existencia de una cámara por puerta de la unidad".
El funcionario también habló de una línea de créditos blandos que ofrecería el Banco Provincia para que los propietarios de las unidades puedan afrontar el costo de la instalación de las cámaras.
Lo cierto es que la ley no se reglamentó en los plazos correspondientes, y tampoco se hizo luego de la promesa de junio pasado, cosa que ningún medio destacó tras la noticia que conmovió este domingo nuevamente a toda la sociedad. Así funciona el blindaje.
