Integrantes del Tercer Malón de la Paz se manifestaron hoy en la capital jujeña y pidieron la intervención de los diputados provinciales "ante el avance de causas penales y contravencionales" contra comuneros que rechazan la reforma constitucional provincial en vigencia que impulsó el gobierno provincial de Gerardo Morales y que fue objetada ante la Corte Suprema de Justicia.
Las comunidades indígenas, en su mayoría de la región puneña, retomaron hoy las movilizaciones con una marcha que llegó hasta la Legislatura de la provincia y las instalaciones del Ministerio Público de la Acusación, donde se pronunciaron ante las autoridades de ambas instituciones.
"Pedimos a los diputados y diputadas provinciales que intervengan porque estamos sufriendo persecuciones, allanamientos y juzgamientos como lo hicieron con el abogado Alberto Nallar y otros compañeros con multas millonarias", señaló Natalia Machaca, una de las referentes del Tercer Malón de la Paz.
Las acciones judiciales y contravencionales avanzan en perjuicio de los denominados "maloneros", quienes mantienen la oposición a la reformada Carta Magna provincial.
"Nos parece injusto que se lleven adelante esas sentencias solo por defender a la Pachamama y por querer agua limpia y no contaminada" en la Puna, agregaron sobre la situación actual que encaran los activistas.
Portando las banderas Wiphala, los comuneros se expresaron con permanentes cánticos como "pueblo escucha, únete a la lucha", u otros relacionados a la histórica resistencia indígena para desterrar la opresión de los gobernantes.
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El colectivo del Malón de la Paz también se dirigió a las instalaciones del Ministerio Público de la Acusación para repudiar las causas penales que dirigen los fiscales y pesan sobre los comuneros y comuneras.
En tanto, Machaca, detalló que las multas enmarcadas por el "delito de sedición son de al menos 7 millones de pesos y por cortar rutas denunciaron que esa cifra se eleva hasta los 15 millones de pesos".
"Salimos nuevamente a la calle para que el pueblo se entere lo que está provocando el gobernador Gerardo Morales en la provincia de Jujuy", enfatizó mientras avanzaba su paso por las principales calles de San Salvador.
En el mismo sentido los activistas denunciaron que en las últimas semanas se advirtieron "amenazas de desalojo" dirigidas a campesinos de la Finca El Pongo, cercana a la ciudad de Perico, al tiempo que se "activaron otras causas penales y contravencionales".
"Nuestro equipo jurídico también está sufriendo la persecución por defendernos -continuaron- y debemos decir que, desde La Quiaca hasta Palma Sola, los hermanos sufren algún tipo de hostigamiento de tipo política", agregaron finalmente.
El pasado martes, la justicia jujeña condenó a tres años y seis meses de prisión al abogado de derechos humanos Alberto Nallar, quien brindaba asesoramiento legal a quienes participaron de las masivas protestas que se desarrollaron a través de los cortes de ruta y otras manifestaciones en la provincia contra la modificación de la constitución local.
Otra de las causas iniciadas a raíz de una denuncia del Ejecutivo provincial, en proceso de investigación alcanza a unos 23 manifestantes acusados por el presunto delito de "homicidio culposo" tras la muerte en julio pasado de una turista en la localidad de Abra Pampa.
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