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La Justicia más lenta del mundo: falló por un caso de 1994

La Justicia argentina no puede ser más lenta: la Corte confirmó a un camarista que interviene en el caso de sobreprecios de IBM de 1994

En un insólito hecho que puede catalogarse como la Justicia más lenta del mundo, la Corte Suprema dejó firme una sentencia que rechazó apartar a un camarista federal de casación penal de la causa por el presunto pago de unos 120 millones de pesos de sobreprecio en la contratación por parte de la Dirección Impositiva (DGI) a la firma IBM Argentina, en 1994.

La defensa de uno de los implicados, el empresario Eduardo Novillo Astrada, había presentado un recurso extraordinario y luego uno de queja ante la Corte contra la decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) que desestimó su pedido para que fuera recusado uno de los miembros de ese tribunal, Gustavo Marcelo Hornos.

Por unanimidad, la Corte desestimó el recurso de queja presentado por los defensores de Novillo Astrada por entender que no está dirigido "contra una sentencia definitiva o equiparable a tal", requisito necesario para habilitar la intervención del máximo tribunal del país.

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La Justicia más lenta del mundo: falló por un caso de 1994

La Justicia más lenta del mundo: falló por un caso de 1994

En la causa penal, iniciada hace algo más de dos décadas por los presuntos delitos de defraudación al Estado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes, está involucrado el extitular de la entonces DGI, Ricardo Cossio, además de otros ex funcionarios, empresarios y directivos de IBM Argentina.

A principios de 2016 el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) decidió archivar la causa por prescripción de la acción penal, pero unos meses después la Sala IV de la CFCP, en un fallo dividido -Hornos fue uno de los votantes-, revocó esa decisión y mandó realizar un nuevo juicio.

Luego la Corte consideró que, como los otros dos camaristas, Juan Gemignani y Mariano Borisnky habían votado también con sus propios argumentos, se debía dictar un nuevo fallo.

Durante la gestión presidencial de Carlos Menem, cuando Cossio estaba al frente de la DGI, el organismo contrató a la empresa IBM para montar dos sistemas informáticos: el tributario y el de jubilaciones y pensiones.

Según se denunció el contrato había sido acordado por un precio equivalente a los 500 millones de dólares, pero el Estado habría pagado un sobreprecio de 120 millones de pesos, según una pericia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

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