La Secretaría de Igualdad de Oportunidades de la Confederación General del Trabajo (CGT), dirigida por Graciela Aleñá, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, y Pablo Moyano, cotitular de la central obrera y dirigente del Sindicato de Camioneros, reclaman el cumplimiento de la inserción laboral en el Estado de personas con discapacidad. A tal fin enviaron una nota dirigida a todos los Ministerios de la Nación, para que garantizan el cumplimiento de la Ley 22.431 sancionada en 1981 y que establece la "inclusión del cupo de personas con discapacidad como trabajadores del Estado en un 4%".
“El último relevamiento gubernamental arroja que solamente se cumple 0,61% del personal con alguna discapacidad en las plantas permanentes”, señaló Aleña.
La información fue dada a conocer este mismo viernes por la CGT: “Es fundamental cumplir con las normativas vigentes porque la inserción laboral de las personas con discapacidad debe ser un hecho real”, expresó Aleñá y aseguró que “es nuestro deber que los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad estén incluidos dentro del sistema de trabajo, ya que pueden adecuarse tranquilamente a la función pública según su certificado de discapacidad”.
Por su parte, Pablo Moyano acompañó la iniciativa y avaló que el Estado debe cumplir la normativa que incluya en igualdad a todos los trabajadores de la actividad.
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Cabe resaltar que la Ley 22.431, sancionada en 1981, en su Art. 8° establece que “los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas…” y agrega: “…El porcentaje determinado en el párrafo anterior será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios. Asimismo, y a los fines de un efectivo cumplimiento de dicho 4% las vacantes que se produzcan dentro de las distintas modalidades de contratación de los entes arriba indicados deberán prioritariamente reservarse a las personas con discapacidad que acrediten las condiciones para puesto o cargo que deba cubrirse…”.
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Según la ley simple del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, están obligados a cumplir con ese cupo: el Poder Ejecutivo Nacional; el Poder Legislativo Nacional; el Poder Judicial de la Nación; los organismos del Estado; las empresas del Estado y las empresas privadas que son concesionarias de servicios públicos.
Además, está previsto en la ley la obligación del Estado de brindar algún sistema de apoyo para que la persona con discapacidad pueda integrarse a su lugar de trabajo, con las adaptaciones necesarias.
En el documento, ambos dirigentes afirmaron que “la base de la igualdad de oportunidades está dada en la búsqueda permanente de una sociedad justa donde todos y todas tengan las mismas posibilidades sin ningún tipo de discriminación”. En ese sentido, exigieron a los distintos Ministerios que informen los datos necesarios respecto al cumplimiento de la legislación vigente para asegurar que se cumpla con el 4% del cupo establecido.
Graciela Aleñá también forma parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), en esta última Pablo Moyano es vicepresidente a nivel mundial.
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