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Inmobiliaria CABA: avanzan las megatorres de Rodríguez Larreta

Dos proyectos oficiales obtuvieron dictamen en la Legislatura con voto del larretismo duro. Se incluyen 16 convenios que alteran normas vigentes como los límites de altura. Se prevén torres de 85 metros.

Legisladores del oficialismo porteño dieron dictamen de mayoría a dos proyectos de ley que incluyen 16 convenios urbanísticos, firmados por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con empresas privadas, con los que se pretende habilitar nuevas torres de hasta 85 metros de atura en diferentes barrios de la ciudad y que podrían ser debatidos en el recinto la semana próxima.

Tras una reunión conjunta de la comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto, algunos legisladores del bloque Vamos Juntos firmaron un dictamen de mayoría, habilitando así que los proyectos enviados por Rodríguez Larreta sean votados en el recinto durante la próxima sesión.

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Sin embargo, las iniciativas no recibieron el aval de los diputados de la Coalición Cívica, que pertenecen al bloque Vamos Juntos, quienes se ausentaron de la reunión y dejaron trascender que pidieron al Ejecutivo local que envíe la documentación completa de los convenios, además de haber solicitado más tiempo para analizarlos.

Desde el Frente de Todos, en cambio, manifestaron expresamente su rechazo a los convenios, ya que, consideraron, no ven en ellos ningún beneficio para la ciudadanía, pero sí para empresas privadas.

"No tenemos diagnóstico sobre cuánto dinero va a obtener el privado mediante estos cambios de normas urbanísticas que los favorecen, por lo que no podemos saber si eso tiene relación con la contraprestación monetaria que ellos darán al Estado", dijo en la reunión el diputado Javier Andrade (FdT).

Los convenios urbanísticos son excepciones a las normas de edificación vigentes, que el Estado otorga a los privados sobre terrenos puntuales de la ciudad, para que éstos puedan construir más metros cuadrados de los permitidos, aumentando, por ejemplo, la altura.

A cambio de esos permisos, las empresas constructoras ofrecen una contraprestación monetaria al Estado y, en algunas ocasiones, le ceden una parte del terreno que les pertenece y sobre el que van a construir.

"Estamos definiendo cuestiones que difícilmente tengan vuelta atrás, como, por ejemplo, dónde se va a construir un edificio y cómo va a impactar en la vida de los vecinos", dijo a su turno Matías Barroetaveña (FdT).

Y remarcó: "Generamos mayor densidad, afectamos la calidad de vida, el acceso al sol, ¿por qué no preguntamos a los vecinos si quieren que sigamos saturando la ciudad?".

Otra crítica por parte del FdT fue la "celeridad" con que el Ejecutivo local busca la aprobación de estos proyectos, firmados en los últimos dos meses, enviados a la Legislatura el lunes pasado y que, con el dictamen recibido hoy, pueden ser votados la semana próxima en el recinto.

"La reunión para dictaminar fue convocada hace dos días. Los estudios sobre estos 16 convenios, que son 1.500 páginas y están disponibles solo en papel, no en digital, ingresaron el lunes. Es una falta de respeto para el conjunto de la ciudadanía y de los habitantes de barrios donde serán llevados adelante. Aunque después digan que hay audiencia pública y segunda lectura, me parece muy poco serio", dijo Andrade.

Como implican un cambio de norma urbanística, estos convenios deben aprobarse con el mecanismo de doble lectura, es decir: dos votaciones en el recinto con la realización de una audiencia pública entre ambas.

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