Cómo afectaría la Ley Ómnibus a la industria editorial
Los distintos actores involucrados en la cadena del libro no dudaron en hacer correr la voz: de aprobarse el proyecto, las editoriales y librerías independientes no podrán sostenerse. Sin una ley de precio único que regule el mercado, las corporaciones son las únicas que ganan.
En los últimos días, el sector editorial inundó las redes sociales con comunicados en repudio de ciertos artículos del proyecto de Ley Ómnibus que fue enviado al Congreso de la Nación, y que perjudican profundamente al ecosistema del libro.
Las advertencias las emitieron editoriales, librerías, autores y organismos reguladores de la actividad, señalando que la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera 25.542 —también conocida como Ley de Precio Único de Venta al Público (PVP)— implicaría un fuerte colapso en la cadena de producción y comercialización de los libros. Esto es así dado que establecer un precio único para todo el territorio protege a las librerías medianas y pequeñas y a editoriales independientes, de manera que puedan competir en el mercado frente a la capacidad económica de corporaciones y grandes cadenas y supermercados que tienen la posibilidad de respaldarse en otras inversiones.
De ser sancionada, la ley impactaría directamente en la bibliodiversidad y el sector independiente, que ya ha tenido que dedicar un inmenso esfuerzo en los últimos años para sostenerse, precarizándolos aún más y, en muchos casos, obligándolos a desaparecer.
Libros a la vista: novedades editoriales de 2024
Los libros en Argentina son increíblemente baratos a comparación de muchos otros países. Por ello, lectores y lectoras de toda Sudamérica aprovechan sus viajes al país para comprar títulos que en sus territorios valen el doble.
Desregular el mercado librándolo a la mera influencia de oferta y demanda provocaría la desaparición de, por ejemplo, editoriales y librerías especializadas. Son muchos los contenidos específicos posibles gracias a contar con esta condición que favorece un poco más la equidad de los ingresos. Lo que terminará sucediendo es que las corporaciones consigan vender best sellers, títulos de rápida rotación, a un precio inferior por valerse de descuentos que pueden solicitar debido a su enorme capacidad de compra, con las que editoriales medianas y pequeñas no podrán competir jamás. Justamente, la ley 25.542 prohíbe estas ventajas y equilibra el ecosistema.
La Feria del Libro de Buenos Aires publicó este contundente mensaje en redes sociales:
"Las instituciones que conformamos la cadena de valor del libro nos manifestamos en conjunto para expresar nuestra firme oposición a la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera Nro. 25.542:
Leer es un derecho.
Qué es la Ley de Defensa de la Actividad Librera Nro. 25.542
Es una ley que dispone que los editores deben definir el precio de los libros que publican y que ese precio debe respetarse por todos los vendedores -ya sean librerías pequeñas, medianas, cadenas y grandes superficies-. (...) El establecimiento de un único precio para cada libro que se publique en nuestro país ubica a todas las librerías en situación de igualdad permitiendo la coexistencia y competencia en múltiples puntos de venta. La pluralidad y diversidad de librerías es fundamental para garantizar el acceso al libro y a la lectura en todo el territorio nacional.
(...) La ley contribuye a mantener la cultura del libro y la lectura. Al no competir principalmente en términos de precio, los editores y autores se centran en contenidos, incentivando la producción de libros de mayor valor y calidad y las editoriales pequeñas y medianas apuestan de este modo a la innovación en contenidos, y a la pluralidad de voces en la edición, lo que conlleva a una mayor participación de colaboradores en el proceso editorial en su conjunto. (...) Prueba de esto son las más de 500 editoriales pymes que producen material de calidad en Argentina y las más de 1500 librerías a lo largo y ancho del país".
¿Cumplirá entonces el Congreso su papel de cuidar a la ciudadanía? ¿Frenará una ley tirana que pretende profundizar aún más la desigualdad de clases sociales, favorecer a los grandes empresarios y atentar contra los derechos de toda la población? Parar la mano es lo que pide la industria editorial, y la industria cultural en general, al pronunciarse contra estas medidas. El futuro de la cultura queda en manos de los legisladores.
