La comunidad académica de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo (UNMa) comenzó este viernes a juntar firmas para defenderse del vaciamiento y denunció que su situación es “crítica” debido a que hace cinco meses el Gobierno Nacional retiene “ilegalmente” el presupuesto correspondiente a esta casa de estudios, dijo hoy la rectora de la UNMa, Cristina Caamaño.
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“La situación actual de la UNMa es crítica. A nosotros no nos han mandado absolutamente nada, nuestra cuenta en el banco está en cero”, dijo a Somos Télam Caamaño, quien también es exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en el marco de un desfinanciamiento generalizado a todas las universidades públicas argentinas, excepto la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuyo presupuesto para gastos de funcionamiento fue actualizado por el Gobierno nacional.
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Y completó: “Hace cinco meses que no se pagan sueldos, no hay investigación, no hay extensión universitaria, no hay seguros para docentes, estudiantes y trabajadores, no podemos emitir los títulos de quienes se recibieron el año pasado, nos cortaron internet porque no lo podemos pagar”.
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La UNMa es reconocida por ser la única universidad en latinoamérica con orientación en Derechos Humanos.
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“Si bien se replicó el presupuesto de 2023 para 2024 -congelado- ese presupuesto está en el Ministerio de Justicia, pero como ahora somos universidad Justicia le tiene que pedir autorización al Ministerio de Capital Humano o a la Secretaría de Educación y ellos no dan el ok. O sea que además hay una ilegalidad por parte del Ejecutivo porque la retención es ilegal”, explicó la autoridad de la UNMa.
En las redes sociales de la casa de estudios denunciaron: “Nuestra Universidad no ha recibido los fondos que figuran en el presupuesto para su normal funcionamiento. Volvemos a exigir a las autoridades nacionales que cumplan con la ley”.
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Además, la situación es crítica porque “el hostigamiento por parte del Ejecutivo Nacional y la discriminación por ser la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo”, advirtió Caamaño.
Respecto a esto, en el formulario de junta de firmas puntualizaron que “en sintonía con las políticas negacionistas reivindicadas por el gobierno, el Poder Ejecutivo decidió cortar totalmente desde el mes de enero los fondos destinados a financiar el normal funcionamiento de la universidad, dedicada por ley del Congreso Nacional a la enseñanza y la promoción de los derechos humanos, sociales, económicos, ambientales y culturales con una perspectiva de género y de inclusión social”.
