Tras tres años y medio sin ninguna respuesta de la Justicia en el caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la Cámara Federal porteña resolvió aunar en el juzgado federal de Esquel las causas contra el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos, Pablo Nocetti, por su responsabilidad en la represión a la Pu Lof en Resistencia en Cushamen.
De esta manera, el camarista Pablo Bertuzzi, en un fallo unipersonal, decidió que la denuncia formulada en agosto pasado por la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederic, sea investigada en el juzgado patagónico, donde existen dos expedientes abiertos por el caso Maldonado.
En uno de ellos se investigan las circunstancias de la desaparición y muerte de Santiago y, en el otro, las responsabilidades en el operativo de desalojo de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Departamento Cushamen el 1 de agosto de 2017, en la ruta nacional 40, que fue comandado por el mismísimo Nocetti.
El tema es que el juez federal de Esquel continúa siendo el magistrado Gustavo Lleral, quien descartó que Gendarmería haya tenido algo que ver algo con la muerte del joven artesano, del cual sentenció aseguró que se ahogó solo.
Además del delfín de Patricia Bullrich, también fueron denunciados Gerardo Otero y Oscar Robino, ex director y sub de Gendarmería; el comandante mayor Diego Balardi, jefe del operativo de despeje de la ruta; el comandante principal Fabián Arturo Méndez, jefe del Escuadrón 35 El Bolsón, y el comandante principal Juan Pablo Escola (por no contar con una orden judicial para realizar el operativo).
La denuncia de Frederic había recaído en el juzgado federal N° 7 de la CABA, pero el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente porque ya existía una causa con los mismos imputados y por los mismos hechos en Esquel. El camarista Bertuzzi coincidió y ocho meses después envió el expediente al sur.
"Todas las causas (las de Esquel y la que tramitaba en Capital) refieren a un único contexto de actuación. Es esa simple circunstancia la que, de por sí, torna desaconsejable que su estudio quede en manos de distintos magistrados", resolvió el camarista Bertuzzi. "El criterio para definir la competencia siempre ha de ser la mejor y más pronta administración de justicia", resumió.