El gobierno de Mendoza presentó este viernes tres recursos de reconsideración en contra de las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por la ocupación de tierras reconocidas a comunidades mapuche. Por otro lado, Oscar Soto, docente de la Universidad Nacional de Cuyo y becario de CONICET expuso argumentos que desmienten lo enunciado por el ministerio mendocino.
El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, Víctor Ibáñez, presentó el comunicado.
"En los recursos se plantean las irregularidades de las resoluciones, tanto en el procedimiento que se ha llevado adelante para su dictado sin la debida intervención de la Provincia, como respecto de aspectos sustanciales vinculados con la ilegalidad de la prórroga de la Ley 26160 dispuesta por DNU, la ausencia de facultades del INAI para reconocer ocupación de tierras a las comunidades, los planteos históricos sobre la inexistencia de presencia histórica de mapuche en el territorio provincial", señaló Ibáñez.
"Cada uno de estos vicios está desarrollado en la presentación del gobierno provincial, lo que permite concluir que las resoluciones resultan nulas, de nulidad absoluta e insanable e ilegítimas, motivo por el cual deben ser dejadas sin efecto por el organismo que las dictó”, indicó.
Esta semana, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez había expresado -a través de su cuenta de Twitter- que las decisiones del INAI "afectan los derechos de Mendoza y son manifiestamente inconstitucionales" y afirmó que "entre los activos que el Gobierno Nacional está entregando a los 'mapuche', se detectó que se encuentran los primeros pozos de crudo no convencional en el lado mendocino del bloque Vaca Muerta".
"En ese lugar se está desarrollando una inversión millonaria para actividades de exploración y producción por parte de YPF. Esto claramente agrava la situación. No solo por ceder una zona llena de activos provinciales, sino porque deja en descubierto los intereses por dominar los recursos del lugar y detener el desarrollo hidrocarburífero, turístico, el empleo e inversiones proyectado para el Sur, advirtió el mandatario mendocino.
Por su parte, el investigador Oscar Soto habló en Radio Cuyum:
"Las comunidades del Sur ya presentaron carta documento por los dichos del gobernador de Mendoza, porque negar la identidad de los pueblos es un delito de lesa humanidad", afirmó en primer lugar el becario.
"Yo analizaría dos cuestiones de lo que está en debate: lo histórico y lo económico. En primer lugar, nosotros hemos sido educados bajo una concepción histórica atravesada por el proceso por el que se conformó el Estado Nación, y hay que recordar que los pueblos ancestrales de toda América y todo el Conosur preexisten al Estado como tal, entonces uno no podría decir si son chilenos o argentinos, porque eran previos a la consolidación del Estado. Lo que sería el Wallmapu, el territorio indígena mapuche que abarca desde la Patagonia y toda la Araucanía chilena, hoy es Argentina, pero antes fue un territorio unificado, dividido por una coordillera. De este lado de la Coordillera, el Puelmapu siempre fue habitado por comunidades mapuche. En el medio claro que había distintos pueblos, como los tehuelches, los huilliches... de acuerdo a su ubicación geográfica, sus costumbres. En Malargüe, particularmente, las comunidades se autoperciben mapuche-tehuelche", especificó.
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"Es estéril el debate que pretende decir que los mapuche no existieron, porque evidentemente eran todas comunidades, pueblos, de la tierra. Mapuche significa eso: pueblos de la tierra", evidenció el experto.
"Es lamentablemente escuchar a historiadores hablando así. Tenemos una reivindicación de los huarpes mucho más afinada y conocida porque fue un pueblo diezmado en el período colonial. Lo que pasó con las comunidades al sur de la provincia, es que aquellas comunidades fueron reducidas cuando el Estado moderno ya se había instalado. Es a través de la Campaña del Desierto con Roca a la cabeza, que esas comunidades son aniquiladas, reducidas a la servidumbre. Y es precisamente el Estado el que empieza a hacer propaganda de que el pueblo mapuche era chileno, para quitarle sus tierras", señaló.
"Todos los documentos respaldan la existencia mapuche en el territorio, y hasta la toponimia lo demuestran: Malargüe proviene de su idioma".
"Por otro lado, para los funcionarios hay otros intereses detrás de esta cuestión: el económico —la explotación de los pozos petroleros— y una lógica electoral, de agitar esa mirada xenofóbica".
En una comparación grotesca, el gobernador mendocino le cedió el año pasado unas 12.000 hectáreas a través de un decreto para la empresa El Azufre, que es una empresa turística con el esquí como principal atracción. Allí se violaron varias leyes en medio, como la Ley de Glaciares. Y no hubo una sola discusión al respecto en medios de comunicación, nadie lo cuestionó.
Finalmente, el investigador recordó que lo que se hizo fue otorgar el reconocimiento del pueblo indígena de una comunidad que tiene al menos unas cinco o seis generaciones, y no una cesión de tierras.
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