El Gobierno nacional intimó ayer a Susana Trimarco, titular de la "Fundación María de los Ángeles" y madre de la joven desaparecida Marita Verón, a devolver dos predios que le habían sido otorgados a su organización durante la gestión kirchnerista.
Uno de los predios estaba destinado a construir viviendas para mujeres que hayan sido víctimas de trata de personas y violencia de género. El otro estaba pensando como un Centro de Desarrollo Materno Infantil destinado a las mujeres damnificadas por las mismas causas y pertenecía al Ejercito Argentino.
Además, Domingo Amaya, secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, alertó sobre irregularidades en los pagos que el gobierno anterior le enviaba a la fundación de Trimarco.
El Estado giró $ 5,6 millones para realizar obras en el predio que pertenecía al ejército, pero nunca hubo una rendición de cuentas en relación a los trabajos a realizar. "La gestión anterior envío fondos incorrectamente y ahora, la fundación de Trimarco los tiene que devolver", advirtió el funcionario.
La respuesta de la fundación
Por su parte, Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco, respondió a las acusaciones en delcaracion a AM 950 Belgrano, Garmendia y aclaró: "No manejo los números, no se si esta cifra es real. Somos transparentes con los gastos."
"Vamos a devolver los terrenos porque no nos aprobaron los proyectos. Además es un alivio porque nos sacamos la responsabilidad y custodia del lugar", explicó Garmendia.
Sin embargo, el letrado señaló: "No hemos tenido ningún cuestionamiento ni nos cortaron los fondos. Tuvimos apoyo de toda la clase política".
En esta línea, explicó: "No es una decisión mía, sino de Susana u otra persona que los gastos no figuren en la página" (web de la fundación) y agregó: "Si no recibimos fondos públicos no podemos trabajar de la manera importante en la que lo venimos haciendo", declaró."Trimarco ha tenido reuniones con Marcos Peña, Germán Garavano y Patricia Bullrich", reveló finalmente Garmendia.