El emblématico caso de "gatillo fácil", conocido como la Masacre de Wilde, culminó este lunes con la sentencia de 25 años de prisión para siete expolicías, culpables del asesinato de cuatro inocentes en 1994.
A 28 años de la masacre, los pedidos de las familias de las víctimas fueron parcialmente escuchados. Se pedía cadena perpetua, pero la condena fue de 25 años de prisión para cada uno de los asesinos.
"Cuando escuché 25 años, me lamenté porque no fue perpetua. Pero cuando terminaron de leer, razoné que es lo máximo que les pueden dar por homicidio. Por la edad que tienen, sabemos que van a morir presos. Esperemos que no les den prisión domiciliaria", dijo a Télam Raquel Gazzanego, viuda de Edgadro Citutín, una de las víctimas del caso y de las personas más activas en la búsqueda de justicia.
El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora condenó a los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, el exsubteniente Pablo Dudek, los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el excabo Marcos Rodríguez como coautores del delito de "homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado en tentativa todos en concurso real entre sí".
Los diversos entrevistados en fuentes informativas, hablan de los 90 como una época récord de casos de "gatillo fácil", o asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad con armas de fuego.
La Masacre de Wilde tuvo lugar el 10 de enero de 1994, cuando siete expolicías, al parecer, confundieron a cinco personas con delincuentes y dispararon a matar. El hecho tuvo como víctimas al remisero Corbo y a sus pasajeros, Mendoza y Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Díaz, el único que sobrevivió al ataque. Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces.
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El juicio comenzó el 17 de agosto de este año. Todos los acusados afrontaron cargos por los delitos de "cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa", por la única víctima del ataque que sobrevivió.
"Con los testimonios que se dieron en el juicio quedó claro que las brigadas de la bonaerense no hacían tareas de prevención de delitos y también quedó claro que al remisero Corbo le plantaron un arma. No hay dudas de eso", dijo la viuda Gazzanego en la etapa testimonial de la causa, meses atrás.
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El grupo de expolicías salió el día de la masacre en búsqueda de una banda delictiva que pretendía dejar de colaborar con ellos. ¿El fin? Asesinarlos.
Los hechos desencadenados a partir de ahí, fueron calificados por los responsables del crimen como "un lamentable error".
Al momento de sacar a los pasajeros del auto les preguntaron dónde tenían las armas, pero Corbo, Mendoza, Bielsa, Cicutín y Díaz no entendían nada. Iban completamente desarmados, en un día como cualquier otro. A pesar de todo, los acribillaron a balazos.
Unos minutos después de finiquitado el crimen, se encuentran con el auto al que verdaderamente buscaban, con los tres delincuentes dentro. Pero el "lamentable error" ya había sido cometido, ¿cómo iban a blanquear este otro auto? De modo que los dejaron ir.
Los acusados llegaron al juicio en libertad y escucharon desde el banquillo de los acusados las condenas en su contra.
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Para todos ellos, la fiscal Viviana Simón había requerido en sus alegatos la máxima al considerar que entre los imputados existió un "acuerdo previo para matar entre todos", ya que la prueba demuestra que "se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas", a las que emboscaron en la zona de Wilde. De acuerdo a los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.
En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.
Además de quienes fueron juzgados, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho y el exsubteniente Marciano González, que quedó fuera del proceso por incapacidad mental, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).
Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida.
No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos.
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