En una carta enviada al gobernador Rodolfo Suárez titulada "He escuchado el clamor de mi pueblo", la Iglesia católica hizo un llamamiento al diálogo "para contribuir a la paz social", tras la tensión en la provincia por la sanción el viernes pasado de las modificaciones a la ley 7722, que habilitó la actividad minera con el uso de sustancias químicas.
Al respecto, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Daniel Colombo, solicitó pido: "No promulgue las modificaciones a la Ley 7722. Comprendo que no es fácil vetar la ley que Ud. mismo proyectó y los legisladores aprobaron".
También recuerda las grandes movilizaciones de los mendocinos ante la avanzada de las ley prominería: "Seguramente en estos días, habrá podido escuchar el clamor del Pueblo y ello lo habrá llevado a una nueva mirada sobre este tema tan impactante para una Provincia que vive la emergencia hídrica más severa en décadas".
El titulo de la carta "He escuchado el clamor de mi pueblo" es una expresión biblíca y en ese sentido Colombo recuerda: "Quienes tienen altas responsabilidades a su cargo, también deben escuchar el clamor del pueblo. Es parte del delicado arte de gobernar y que no necesita llegar a situaciones límites para percibir cómo una determinada cuestión es vivida por la gente".
Ante las movilizaciones para que el gobernador vete las modificaciones que afectan el medio ambiente, el religioso insiste: "Tengo el conmovido testimonio de los párrocos de los distintos departamentos que me narran la presencia masiva de familias con niños pequeños, pidiendo se vete esta modificación a la Ley 7722".
Además recuerda que personalmente saludo a las movilizaciones: "En la tarde de ayer, a poco de comenzar la celebración de la Misa en un templete dedicado al Niño Dios, a la altura del paso a Chile, pude yo mismo ver saludar a la masiva columna de personas que venían desde los departamentos del Sur".
La Iglesia recuerda los trámites previos a la sanción: "Días atrás, cuando estaba por votarse la reforma de la Ley 7722 escribí una carta de este tenor a los señores Diputados y Senadores, pidiéndoles que no modificaran la ley 7722, que postergaran el debate hasta asegurar un ámbito de discusión sereno, racional, lejano de fundamentalismos inconducentes para superar intereses sectoriales y concentrar la mirada en nuestra Provincia, en su crónica falta de agua, en la vida de las generaciones futuras".
"Como tantas otras personas que pedían lo mismo, no fui escuchado. Un acuerdo entre los grandes partidos políticos aseguró el rápido tratamiento de las modificaciones que hoy tiene ante su vista para su promulgación. En reiteradas oportunidades en este último tiempo, esta Arquidiócesis se expresó sobre la cuestión minera, insistiendo en la imprescindible licencia social como punto de partida".
Finalmente señala: "Así también lo señaló Ud. en la campaña electoral. Quizá, más tarde, Ud. pudo identificar su importante victoria en las urnas con esa licencia social. Pero no es así. Para estos proyectos mineros, como para todo cuanto compromete la vida y la salud de los habitantes y la Casa común, se requiere un consenso específico y explícito. De otra manera, se pone en riesgo la amistad social, y se apuran definiciones que necesitan tiempo para ser discernidas y decididas".
