En una nueva avanzada contra los derechos a la protesta y, también, con el objetivo de habilitar a las fuerzas de seguridad a disparar sin prohibiciones, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció este jueves que el Gobierno enviará un proyecto de ley para modificar las leyes de legítima defensa y endurecer las penas para quienes organicen y lleven a cabo manifestaciones.
Los detalles del proyecto están en manos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri.
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En conferencia de prensa, Adorni indicó que las leyes que se enviarán con modificaciones al Congreso son "legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos”.
“En Defensa, lo que van a anunciar es la ley de Seguridad Interior”, resaltó Adorni en torno a la iniciativa, que había sido incluida en la frustrada Ley Ómnibus, y que fijaba el endurecimiento en "las penas para los delitos de atentado y resistencia a la autoridad", al tiempo que "se regula el derecho a la legítima defensa, brindando mayor certidumbre jurídica a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad”.
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Una de las las propuestas más polémicas del proyecto del Gobierno, eliminaba la posibilidad de denunciar, por parte de familiares de víctimas de gatillo fácil, a las fuerzas de seguridad: “Quien comete un delito, aún en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida, aunque no concurrieren los eximentes de este artículo en favor de quien se defiende u obre en ejercicio de su deber, autoridad o cargo”.
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