La objeción de conciencia en práctica: la experiencia de Santa Fe

La objeción de conciencia individual es una de las grandes diferencias del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que se debate este jueves en el Congreso Nacional con el que se trató en el 2018 y con el de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito ingresado al Parlamento en 2019. Tras el dictamen de este jueves, los artículos 10 y 11 garantizan el derecho a lxs profesionales a negarse a realizar la práctica y permiten que ese derecho lo ejerzan a la vez todxs lxs profesionales de una misma institución de salud del ámbito privado.

En el 2010, la provincia de Santa Fe creó un Registro de Objetores de Conciencia público a través de la Resolución N° 843 del Ministerio de Salud como una de las políticas desarrolladas en ese territorio para garantizar las prácticas de salud sexual reproductiva, sobre todo, las relacionadas con la anticoncepción, las interrupciones legales del embarazo (ILE) y la atención post aborto. Si bien la construcción de un listado de esta índole no está en dictamen aprobado este jueves de IVE, puede ser que se tenga en cuenta este instrumento en una eventual reglamentación de la ley.

Daniel Teppaz, médico tocoginecólogo y ex director de Políticas de Género en Salud de la cartera sanitaria santafesina, consideró en diálogo con Infonews que "la objeción de conciencia es individual y no puede ser institucional dado que las instituciones no tienen conciencia".

En los últimos años, esta provincia garantizó a las personas el derecho a la interrupción por las causales habilitadas en el Código Penal, entendiendo la causal de "peligro para la salud" de lx gestante desde una perspectiva amplia e integral. De hecho, se redujo a cero la tasa de mortalidad por abortos en los centros públicos de salud en la ciudad de Rosario.

Acerca de la creación del Registro de Objetores de Conciencia, Teppaz resaltó que la herramienta sirvió para conocer los fundamentos de lxs profesionales para negarse a realizar las prácticas. "Uno de los requisitos fundamentales es la validación de la objeción de conciencia. Ahí la pregunta es quién puede evaluar la conciencia de las personas. A su vez es importante que exista esta evaluación dado que puede dar lugar a personas que realmente no son objetoras hagan la objeción de conciencia para librarse de una carga, la tarea o algún problema o responder a un ideario de institución o jefe de servicio, que no acuerda con la práctica, por ejemplo, de la ILE", explicó.

La sorpresa en la experiencia santafesina fue que, según el especialista, la mayoría de lxs alistadxs en el Registro no era realmente objetor/a de conciencia "con lo que implica en su aspecto conceptual, legal, intelectual y académico, sino que se realizaba la objeción de conciencia como forma de liberarse de algún problema; fueron pocas las personas que lo hicieron por cuestiones religiosas".

En este sentido, el ex director de Políticas de Género en Salud santafesino reveló que una molestia para lxs médiquxs es que la mujer o las personas con capacidad de gestar decidan de forma autónoma y, hasta a veces, en contra del criterio profesional en estos casos en los que se juegan los proyectos personales de vida.

"En general el conflicto mayor por el cual les profesionales se declaran objetores es porque las prácticas de salud sexual y reproductiva y la decisión en manos de las mujeres o personas con capacidad de gestar hacen que sea una pérdida de poder en el ejercicio de la medicina, donde la decisión no está ya en manos de les médiques sino en manos de la mujer", advirtió.

Esa tensión en la relación de poder entre institución-médiqux-usuarix parece jugarse mucho en las prácticas de salud sexual y reproductiva. Su causa es sistémica. "En diferentes estudios realizados en Uruguay, Colombia y Argentina se vio que fundamentalmente lo que visualizan les profesionales es la pérdida de poder, el gran sesgo de género y una gran reproducción por parte del sistema de salud y de quienes trabajan en él de las estructuras patriarcales", explicó.

En relación al proceso de implementación del Registro, Teppaz evaluó que hubo un apuro en términos administrativos/ burocráticos en un tema como el de salud sexual e ILE que no estaba suficientemente trabajado ni con lxs profesionalxs, ni instalado en la sociedad en 2010. Asimismo, reconoció: "Permitió instalar el tema de derechos sexuales y reproductivos e ILE a nivel provincial e instaurar una política y un consenso de trabajo entre objetores y no objetores, que fue la parte más rica de todo este proceso".

En la misma línea, el médico general y de familia y también presidente de la Asociación Sexológica del Litoral, Federico Bordón, valoró en principio al Registro como instrumento clarificador e informativo. "Es una herramienta para que el Estado exija una explicación a quienes se niegan a realizar una práctica que deberían hacerla. Hay que rendirle cuentas al Estado. Y además, este debe informar a la población quiénes y por qué no van a realizar la práctica para que las personas puedan decidir con quién atenderse", ponderó.

El médico generalista lamentó que el listado de objetores no pudo sostenerse en el tiempo y no rindió sus frutos en la praxis por falta de decisión política. "No se visibilizó como tendría que haberse hecho porque para eso se había creado, hubo muchas dificultades para poder enunciar quiénes se habían manifestado por la objeción de conciencia y en la práctica no se vio un beneficio real. Quedó más en una cuestión de principios, que faltó profundizar y faltó una política que acompañe esa decisión bien tomada en un momento", analizó.

De cara a la eventual sanción de la ley de IVE en esta jornada, Bordón interpretó que implicaría un avance respecto a acceder a una ILE, incluso en Santa Fe donde el acceso al derecho pareciera universal. "La ley IVE es necesaria porque vendría a saldar un montón de cuentas pendientes que ha dejado a la luz que la despenalización del aborto por causales ha fracasado, porque aún permitido por el Código Penal en las situaciones que se enumeran, hay una enorme desigualdad en el acceso. No solamente por la desigualdad geográfica porque hay muchas provincias que no se adhirieron a los protocolos nacionales y no se obliga a que adhieran tampoco. Por ejemplo, en Santa Fe no es lo mismo que consultes por una ILE en el norte de la provincia o en Rosario", comparó y agregó: "Uno cree que con la IVE no pasaría que se termine obligando a gestar y a parir como ahora incluso a personas, infancias y adolescencias que han sido abusadas sexualmente y que disminuiría la morbimortalidad porque disminuirían las condiciones peligrosas en las que actualmente muchas veces terminan recurriendo las personas por la dificultad en el acceso a la práctica".

Por último, el médico generalista espera que entre los beneficios de la despenalización y legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación se registre la desestigmatización de la que son víctimas actualmente "tanto las personas que acceden a la ILE por cualquiera de las causales y los equipos de salud que acompañan la práctica".