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Confirmado: también hubo sobresueldos y compras directas en Educación

Pettovello complicada: la denuncia la presentó Arco Social, debido a compras directas, la contratación de 300 personas mediante la OEI y el desvío de fondos que conllevan los sobresueldos.

Carlos Torrendell y Sandra Pettovello.
Carlos Torrendell y Sandra Pettovello.

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) está implicada en más negocios de los que parecía, y también Pettovello, dado que las secretarías involucradas están bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, área a su cargo. La denuncia presentada por la asociación civil Arco Social, cuyo objetivo es combatir la corrupción, acusa al ministerio de alrededor de 300 contrataciones irregulares hechas a través de la OEI, y que reúne un monto de $1.395 millones, además de conllevar desvío de fondos y hacer compras directas sin licitación.

En la denuncia de Arco Social, se indica que la artimaña se desarrolló “con el fin de aparentar el empleo de alrededor de cien personas, quienes nunca prestaron funciones, con el fin de desviar dichos fondos al pago de sobresueldos y a la compra de dólares estadounidenses en el mercado ilegal, generando una inmensurable afectación de las arcas del Estado Argentino”. Todo el proceso se hizo bajo la firma de la ministra en los convenios con la OEI. Por supuesto, la titular intenta desligarse de su responsabilidad en el conflicto que ahora se expandió a otra secretaría.

“Los montos por los contratos realizados a través de la OEI ascenderían a los $1.000 millones con un desembolso de $645 millones autorizados por el Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Pettovello y que, en enero, se habrían girado otros $395 millones”, dice el texto.

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Esta última denuncia se basa en la información que ha trascendido públicamente que da cuenta que Pettovello, junto al ex secretario de Pablo de la Torre y utilizando para ello el organismo internacional dirigido en el país por Luis Scasso, contrataron personal para el ministerio, quienes no cumplían con funciones definidas y sus “sueldos eran desviados para otros fines espurios”.

La asociación remarcó, además, que fue el propio Ministerio de Capital Humano, a través de su Subsecretaria Legal Leila Gianni, quien durante una entrevista periodística realizada por Jonatan Viale, confirmó que los hechos denunciados sucedieron tal cual.

La ministra Pettovello, en uso de sus funciones públicas, suscribió convenios bilaterales con la OEI, “con el fin de que el organismo internacional gire fondos para -supuestamente- la contratación de personal destinada a la Secretaría de De la Torre, bajo la apariencia de necesidades administrativas y técnicas para diversos programas que se encontraban bajo su órbita”.

“De ese modo, en virtud de la participación del organismo internacional a cargo -en el país- de Scasso, la Lic. Pettovello y De la Torre, evitaron realizar los procedimientos legales previstos para la contratación de personal, evitando de ese modo la publicidad y trasparencia de sus actos, para lograr su principal finalidad: el desvío dichos fondos”, advirtió la denuncia.

“Este esquema criminal involucraría necesariamente la falsificación de documentos públicos, la creación de reportes falsos sobre las actividades realizadas por los empleados contratados, con la finalidad de encubrir la falta de trabajo de dichas personas”, surge de la presentación judicial.

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Por revelación del periodista Mauro Federico se conoció la existencia de una planilla de Excel denominada “Plan 120 (FF)" en la que figura el listado de profesionales contratados a través de la OEI, “sin embargo, ninguna de estas personas se encontraría en las bases de datos oficiales del Ministerio de Capital Humano, ni frecuentarían las instalaciones de la dependencia oficial”

“Resulta evidente que Pettovello y Scasso buscan a través de la estrategia mediática, poner a De la Torre como único ideólogo y ejecutor del plan delictivo, sin embargo, resulta claro que, dada su sofisticación de la maniobra y la intervención de distintos organismos en ella, la operación delictiva no podía escapar del conocimiento de los nombrados y que, resultaba imprescindible la participación directa de los titulares de los organismos involucrados para lograr su éxito. Motivo por el cual, sus comunicados no son más que un intento burdo e infructuoso de deslindarse de la responsabilidad jurídico-penal que les correponde”, consignó la denuncia.



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