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¿Hacia una oligarquía ganadera local?

En Mendoza, la poesía de Yupanqui parece materializarse año tras año: “las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”, pareciera ser el horizonte de la política ganadera provincial.

En las ultimas semanas circularon diferentes noticias sobre el desarrollo ganadero de Mendoza, si bien es cierto que aumentó el engorde de terneros, se omite la información que revela la concentración creciente producto de la política provincial. Teniendo en cuenta la descomunal cifra que el gobierno provincial gasta en publicidad no nos debiera sorprender esta forma de “informar”. El sector ganadero de la provincia, mayoritariamente esta en crisis y apenas subsiste, pero como se trata de familias campesinas y de la agricultura familiar no parece que eso sea importante.

Sabido es que la provincia de Mendoza es árida, y que los pueblos originarios desarrollaron, con tecnología Incaica, un original sistema de riego a partir del deshielo que permite hacer agricultura en los “oasis”. Estas zonas irrigadas, donde además se concentra el grueso de la población, representan menos del 3% de la superficie, unas 300 mil hectáreas, mientras que la montaña abarca casi 5 millones de hectáreas y resta una superficie aproximada de llanura árida de unas 9 millones de hectáreas. Estas últimas, con una precipitación promedio de 200 mm anuales, lo que hace imposible cualquier actividad agrícola y suele denominarse “el Secano”.

Mas de 5000 familias campesinas viven en en esas tierras secas, produciendo fundamentalmente ganadería caprina y bobina, habiendo desarrollado sistema de pastoreo y dinámicas productivas y comunitarias del uso del suelo y el agua sorprendentes, pero con muchas dificultades de acceso al mercado, intermediados por actores que pagan poco y que compran de manera irregular, y con muchas limitaciones en los servicios básicos.

Desde la Unión de Trabajadores Rurales Sin tierra desde hace mas de 15 años se insiste en la importancia del sector y su capacidad para producir carne en condiciones de manejo sostenible para esos ecosistemas sensibles. También la organización insiste desde sus orígenes en que cerca del 50% de la superficie sistematizada para riego (parte de ese 3% de la superficie que se tiene agua) está improductiva y abandonada, y que la agricultura familiar y particularmente el engorde de ganado bajo riego es una salida a la crisis del campo que vive la provincia, causada fundamentalmente por un sector vitivinícola en declive y sin proyección futura en el marco de la fuerte caída del consumo de vino y la concentración del sector industrial y comercial.

La prensa oficial habla de un crecimiento exponencial de la producción de carne en la provincia, lo cual por supuesto es muy importante. Según los datos oficiales elaborados por el Cluster Ganadero de Mendoza, la provincia pasó producir de 7 a 15 millones de carne, a raíz de la incorporación de pasturas bajo riego y feed lot.

La ultima campaña marcó una leve disminución con 514.308 cabezas bovinas, de las cuales 280 mil son vientres, y 140 mil terneros. De esos 140 mil, el 33% (45 mil) fue recriado e ingresó al sistema de engorde bajo la normativa 7074 de fomento ganadero. El resto sirve para reposición de reproductores o se traslada para el engorde en provincias vecinas.

Lo que no informan las noticias difundidas es que de los 4.090 productores bovinos según los datos oficiales de la provincia, tan solo 20 (veinte) han sido beneficiados por los subsidios de esa normativa en 2019, mas de 10 millones de pesos solamente en ese año que el estado provincial les subsidió. La situación se agrava al analizar los perfiles sobre quienes son “beneficiarios” y quienes son excluidos de este programa que pagamos todos los mendocinos, yaL que no hay agricultores familiares ni “puesteros” sino fundamentalmente empresarios ganaderos entre los que reciben, y que año a año prácticamente se repiten siempre los mismos beneficiados.

Así, de tomar los datos oficiales, (que no incluyen a una parte de pequeños productores informales) menos del 0,5% de los productores acceden a estos beneficios. El panorama se vuelve trágico cando la dinámica del trabajo rural en varios de esos campos o estancias de tipo empresa ganadera aparece bajo formas precarias de trabajo informal o de “puesteros” que son quienes viven en el desierto y realizan las tareas rurales con escasos ingresos y sin ninguna cobertura social.

Sumemos a este ya triste escenario la difícil situación de la gran mayoría de los productores ganaderos cuyo perfil es de familias de agricultura familiar, que viven en el campo profundo, carentes de todo tipo de servicios e infraestructura rural, caminos y conectividad, con centros de salud prácticamente abandonados, sin ambulancias ni sistema de transporte. Agravado por una sequía de la que no tenemos registro en la historia, que ha causado mortandad de animales y sobre la cual es gobierno provincial no ha destinado ninguna política ni acción de emergencia (recordemos que frente a la crisis vitivinícola el gobierno de Alfredo Cornejo destinó más de 1000 millones de pesos que en su mayoría fueron absorbidos por la industria concentrada, mientras los pequeños y medianos viñateros apenas subsisten y ni hablar de los trabajadores rurales sumidos en la miseria y pobreza a pesar de trabajar de sol a sol).

Para la implementación de la 7074 no hay participación ni información para las organizaciones ni entidades que nuclean a la mayoría de las familias ganaderas organizadas, tampoco se involucra a instituciones como la dirección de arraigo que cuentan con un registro del sector, el Consejo Provincial de Arraigo no funciona desde hace 5 años.

La estructura liberal del estado mendocino permite y promueve estas disparidades, El cluster ganadero, si bien debe incluir representantes de los municipios, está manejado por un grupo de empresarios, asimismo la política ganadera es “ejecutada” desde la Coprosamen, una fundación público privada de difícil seguimiento para cualquier ciudadano. Pero los fondos comprometidos son mayoritariamente públicos, no privados.

En el mismo esquema parecen desarrollarse los Acueductos Ganaderos, son, hasta el momento tres los proyectos que se presentaron para desarrollar con fondos del BID, es decir endeudando al pueblo mendocino. La pregunta es, ¿a quienes se va a beneficiar con ese endeudamiento?

El acueducto que ya está terminado aparece como una herramienta del mismo grupo de empresarios. Tampoco está claro como sería la administración del agua, que hasta ahora las familias campesinas no han visto. Se habla de que la misma será administrada por un consorcio con una comisión compuesta por dos representantes de cada ramal, siendo estos los siguientes ramales: Ramal Ruta 188, Ramal Corral de Lorca, Ramal La Mora al sur, Ramal La Mora al norte y Ramal Los Huarpes. Sin embargo, se maneja en el ámbito de la cámara de comercio y con muy escasa participación de las pequeños y medianos productores, que son como ya explicamos la gran mayoría . Aún no esta claro entonces como será que se administrarán estos acueductos ni el rol que tendrá el departamento general de Irrigación, pero tomando en cuenta que se construyen con deuda que luego paga todo el pueblo de Mendoza es importante que las reglas estén claras desde el principio y las oportunidades sean iguales para todos, incluso fundamentalmente para las familias que viven y trabajan en el campo profundo mendocino.

Así las cosas, la poesía de Yupanqui parece materializarse año tras año para los pobladores del secano mendocino: “Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”, pareciera ser el horizonte de la política ganadera provincial.

Concluyendo, es indiscutible que Mendoza debe ampliar y desarrollar su matriz productiva, y que la producción de alimentos es un sector estratégico. Es fundamental lograr acercarnos al autoabastecimiento de carne, lo que además de fortalecer la economía disminuiría la huella de carbono del producto.

Antes de la crisis macrista el promedio de consumo de carne de vaca en Mendoza era  equivalente a 450 mil novillos al año, y es un gran desafío lograr producir localmente al menos la mitad de ese consumo, también la necesidad de establecer logística para mataderos y frigoríficos distribuidores. También es indispensable una política de recuperación de tierras abandonadas y entre otras actividades desarrollar el engorde de bovinos bajo riego.

Sin embargo esas metas deben enmarcarce en objetivos estratégicos como es el desarrollo agrario con inclusión y justicia social. La producción de alimentos a precios justos para el mercado interno y la exportación que permita generar divisas para las inversiones estratégicas. Una de las debilidades es la escasa organización del sector, por lo que se requiere un gran esfuerzo estatal que promueva el desarrollo cooperativo y la integración de las cooperativas para disminuir costos y facilitar la planificación, organización y comercialización de la producción.

En ese sentido es necesario romper con la lógica oligárquica que nutre el desarrollo de la historia de la ganadería argentina, desarrollando políticas diferenciadas e incluyendo a las mayorías rurales, fortaleciendo a aquellos que mas lo necesitan, centrando en la agricultura familiar y campesina y en la generación de trabajo genuino y registrado, promoviendo instituciones públicas, transparentes y democráticas, fortaleciendo la participación de las organizaciones de productores y campesinos en todo los procesos.

En Mendoza, la necesaria distribución de la población requiere que el secano este integrado con los oasis, y que vivir en el campo árido no sea un martirio. La principal actividad en las zonas áridas es la ganadería, por todo esto, por la fragilidad de esos ecosistemas y la escasez del agua producto del cambio climático, se hace imprescindible una política de ordenamiento territorial y gestión hídrica que permita regular y ordenar el territorio para garantizar el bien vivir de toda la población y la misma debe estar fuertemente articulada a la política ganadera.

* Diego Montón es dirigente de la Unión de trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza. MNCI – Somos Tierra.

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