Después de los 27 allanamientos ordenados por la Justicia a referentes sociales, las organizaciones salieron a denunciar amenazas e intimidaciones durante los operativos.
“Son mentirosos, unos ajustadores, a los que vamos a combatir en todos los terrenos”, alertó el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, uno de los dirigentes más atacados por el Gobierno nacional.
Frente al Congreso, dirigentes de distintas organizaciones sociales hablaron en conferencia de prensa y negaron irregularidades. Dijeron que se trata de una “persecución política” del Gobierno de Javier Milei.
De madrugada y a los gritos, la Policía allanó las casas de dirigentes sociales
“Están limpiando el territorio para que se desarrollen las redes narcos. Hoy, fue un amedrentamiento más, rompieron nuestras puertas, amenazaron a nuestras familias, pero las organizaciones sociales hemos aprendido. Vamos a dar la vida, no nos van a vencer, no nos van a quebrar, vamos a dar la cara, vamos a seguir organizados, peleando, defendiendo a nuestras familias”, afirmó Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de UTEP.
La semana comenzó con la orden de 27 allanamientos en una causa que investiga a dirigentes sociales por presunta extorsión a beneficiarios de planes. Las denuncias fueron recibidas a través de la línea 134.
Las medidas judiciales involucraron a referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha.
Una de las abogadas que defiende a las organizaciones indicó que "estos allanamientos se dieron en un contexto irregular, en clara persecución política, ante la presencia de niños y no hubo testigos. Se realizaron amenazas, actos intimidatorios cuando no había ningún tipo de resistencia”.
El propio Belliboni negó que existan amenazas de dar de baja planes por parte de las organizaciones si los beneficiarios no participan de movilizaciones.
En esa línea, el referente apuntó contra la ministra de Desarrollo Social, Sandra Pettovello, a cargo de las decisiones de cambiar los planes sociales y frenar el envío de alimentos a los comedores sociales, mientras realiza auditorías: “Pettovello miente en todo lo que dice y ella es la que da de baja planes sociales. Tiene el listado de cada persona que recibe los alimentos. Son unos mentirosos, unos ajustadores a los que vamos a combatir en todos los terrenos".
Según lo informado en la conferencia, las organizaciones sociales le pidieron a la Justicia que levante el secreto de sumario para conocer el detalle de lo que se está investigando, además de las irregularidades que consideran que se cometieron durante los allanamientos.
¿Cómo surge el conflicto con lxs dirigentes sociales?
El conflicto comienza con lxs dirigentes sociales comenzó desde que asumió el Gobierno de Javier Milei. Bajo una lógica de explícita persecución a los movimientos sociales, el ministerio de Capital Humano comenzó con una serie de auditorías en distintos sectores que acompañó de un recorte de planes sociales, insumos y alimentos. El pretexto discursivo del Gobierno fue cortar con "el curro" y los intermediarios (referentes de organizaciones sociales), a quienes acusaron de exotrsionar a beneficiarios de programas sociales con quitarles el plan o parte de él si no asisten a movilizaciones, entre otras acusaciones.
Tal como sucedió con la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), que se encuentra paralizada y bajo auditoría desde diciembre, cientos de pacientes oncológicos dejaron de recibir su medicación y, a raíz de ello, murieron siete personas. Con la misma lógica, intervino los más de 40 mil comedores de todo el país, y tras las auditorías, desde el Gobierno indican que al menos la mitad de los comedores no existen, pero esa información es contrarrestada por el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (ReNaCom).
Lxs dirigentes de las organizaciones sociales marcharon más de una vez hacia Capital Humano y denunciaron públicamente (y también ante la Justicia) la quita de alimentos en los comedores, que asisten a más de 4 millones de personas en todo el país.
Pettovello deberá explicar ante la Justicia la falta de alimento en los comedores
Finalmente, en la madrugada del lunes, casi 30 allanamientos fueron ordenados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad a raíz de los supuestos llamados realizados a la línea 134 que habilitó la cartera que conduce Patricia Bullrich.
