El pasado 8 de febrero, la Ministra Sandra Pettovello aprobó la asignación de 14.000 millones de pesos al “Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre”. La intención era que el PNUD colaborase en la compra de alimentos para los comedores comunitarios. No obstante, Pettovello autorizó una cantidad que excede el límite de su competencia sin requerir autorización adicional, ya que cualquier cantidad superior a 2.700 millones de pesos necesita la firma de la Jefatura de Gabinete. A pesar de la transferencia de fondos, la licitación no se finalizó y los alimentos no se distribuyeron, dejando al PNUD en una situación de incertidumbre.
Página/12 reportó que Pettovello había otorgado la licitación y compra de lentejas y aceite a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con una comisión inicial del 6%, que luego se redujo al 5%. Para este fin, transfirió 6.772.500.000 pesos sin contar con la autorización del jefe de Gabinete. Se compraron 1.650.000 botellas de aceite y la misma cantidad de paquetes de lentejas. Sin embargo, se anuló la adquisición de 400.000 paquetes de lentejas de la marca Alimentos Fransro SRL, después de una acusación de favoritismo durante la gestión de Alberto Fernández. El resto de los productos se almacenaron en depósitos del gobierno.
Con casi veinte años de colaboración con Argentina, el PNUD ha sido fundamental desde 2006, siguiendo la crisis de 2001. “Acompaña y facilita el financiamiento de fondos de gobierno hacia organizaciones comunitarias que brindan prestaciones alimentarias en forma eficaz”, declaran desde la entidad. Su meta es garantizar el acceso a alimentos nutritivos para las comunidades más vulnerables.
Durante la administración anterior, el PNUD llevó a cabo dos tácticas: apoyo constante a comedores y merenderos, y asignaciones puntuales de dinero para la adquisición de alimentos no perecederos. Las ONGs implicadas tenían que informar sobre el empleo de los recursos cada 45 días, y las agrupaciones sociales debían justificar las compras de alimentos.
Desde diciembre, se ha observado una interrupción parcial de los programas del PNUD. En un cambio drástico, Pettovello ha impulsado la participación del organismo en la adquisición directa de alimentos no perecederos, prefiriendo esta modalidad sobre la entrega de fondos a las entidades adecuadas. Esta medida ha sido posible gracias a la iniciativa de De la Torre, quien autorizó la convocatoria a licitación.
La reciente resolución ministerial, fechada en febrero, justifica la asignación de 14.000 millones para la compra de bienes por parte del PNUD en ciertas situaciones. El documento destaca la importancia de asegurar la seguridad y soberanía alimentaria para las familias argentinas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad económica y social. El PROGRAMA ABORDAJE COMUNITARIO – PNUD ARG 20/004, supervisado por el PNUD, no solo financia Proyectos de Prestaciones Alimentarias Comunitarias sino que también asiste en la adquisición de alimentos para organizaciones sociales cuando los procesos licitatorios no son exitosos.
No obstante, el Ministerio no ha clarificado cuáles fueron los procesos que no cumplieron con los objetivos o quedaron desiertos. La resolución, apoyada por Leila Gianni, subsecretaria Legal, quien estuvo involucrada en un conflicto con Juan Grabois, dirigente que denunció la falta de alimentos, establece que el programa del PNUD implica un costo de gestión del 3% para el Estado, equivalente a 420 millones de pesos.
El proceso de licitación iniciado el 11 de marzo tiene como objetivo adquirir 1 millón de paquetes de leche en polvo, arroz y fideos. A pesar de que la apertura de ofertas estaba prevista hasta el 17 de abril, no se han reportado avances. El PNUD espera instrucciones de la Secretaría para proceder. Aunque se ha desembolsado 14.000 millones en abril, la falta de progreso genera dudas sobre los siguientes pasos. Yanina Nano Lembo, la nueva secretaria de Niñez, ahora está al frente del proyecto.
La ministra Pettovello podría estar infringiendo el artículo 35 de la Ley 24.156 y su Decreto Reglamentario N° 1344/07, que establecen los límites para la autorización de gastos. Según la normativa, cualquier gasto que supere los 2.700 millones requiere la firma del jefe de Gabinete, actualmente Nicolás Posse. En la gestión previa, las compras significativas del Ministerio de Desarrollo Social eran autorizadas por el jefe de Gabinete y el ministro correspondiente, sin acuerdos con la OEI para la compra de alimentos.
