Las organizaciones sociales sufrieron un fuerte golpe en Jujuy: La sede del FOL en el barrio Alto Comedero y otros locales del MTR 12 de abril, del Frente Popular Darío Santillán, del Movimiento Evita y el MTE, fueron allanadas por la Policía y desde las organizaciones denunciaron que el objetivo es "intimidar con la fuerza represiva y criminalizar las luchas en la provincia".
“Estamos ante una gravísima situación de persecución por parte de la policía del gobernador Morales que están allanando los comedores y locales de las organizaciones sociales con las que luchamos todos los días contra el hambre. Es una cacería total con el objetivo de intimidar y criminalizar las protestas sociales utilizando las fuerzas represivas del Estado", sostuvo Sebastián Copello en su rol como dirigente del Partido Obrero y Polo Obrero de la provincia de Jujuy.
En esa línea, y tras unos 14 allanamientos a los cuales fueron sometidos los movimientos, Copello enfatizó: "Ya lo vivimos hace unos meses con mi detención y la del compañero Juan Chorolque, quisieron asustar a quienes luchamos y así sacarnos de las calles pero nada de eso pasó. Seguimos organizándonos contra el hambre y la miseria social a la que nos somete Morales y el gobierno nacional, por trabajo genuino y por comida para los comedores. Aunque nos persigan de las calles solo vamos a salir cuando todos nuestros reclamos sean atendidos".
Pero el golpe contra quienes salen a las calles no solo ocurrió en el territorio de Gerardo Morales sino que también se vivió en Ciudad de Buenos Aires, donde fueron tras la Corriente Clasista y Combativa (CCC), de la cual es dirigente el diputado nacional del Frente de Todos Juan Carlos Alderete, quien afirmó que “los allanamientos a dirigentes de la CCC son consecuencia de una vieja causa armada por el gobierno de Macri en 2019 y que ahora se ha reactivado”.
En declaraciones a Radio Belgrano AM 650, Alderete sostuvo que “tuve que intervenir porque los militantes de la CCC querían responder a este atropello de la justicia de San Martín” y explicó que “esto es parte de una acción coordinada a nivel nacional en el mismo tono de la causa que se armó en Comodoro Rivadavia a nuestro compañero, Marcelo Barab, y es el uso político que se hace de la justicia”.
El diputado planteó esa situación “es evidente porque una de las compañeras allanadas es Julia Rosales que fue víctima de un intento de asesinato en agosto 2017 donde fue herida de bala y ese hecho nunca se investigó porque la justicia macrista cajoneó todo”.
“Estos allanamientos se dan en un momento en que las organizaciones sociales hemos sido puestos en el blanco por los sectores reaccionarios de la derecha macrista que a través de los medios buscan dividir la lucha popular y aislar a las organizaciones para volver al gobierno con su política anti popular y de entrega nacional”, concluyó Alderete.
Por otro lado, el legislador porteño y dirigente nacional del Partido Obrero, Gabriel Solano, disparó: “Esta escalada de allanamientos en Jujuy y en un local de la CCC de la Ciudad de Buenos Aires se inscriben en la campaña política y judicial que ya venimos sufriendo de ataque a las organizaciones que luchan contra el gobierno ajustador".
"Esta campaña la empezó Milei con su movimiento antipiquetero, la siguió Patricia Bullrich y hoy a la cabeza la vemos a Cristina Fernández. Le tienen miedo a este movimiento popular que no para de crecer porque representa genuinamente los reclamos de un importante sector del país. Está claro que la vía que encuentran para sacar a los movimientos sociales de las calles es con ataques y persecución porque atender los reclamos no es compatible con los compromisos asumidos con el FMI. No van a poder detener la lucha contra el ajuste ni con causas, ni con allanamientos”, sostuvo Solano.
