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Un ex policía está preso hace meses por un audio de WhatsApp

Denuncian que un ex policía "está preso hace 7 meses por haber enviado un audio de WhatsApp" donde critica al gobernador santiagueño, Gerardo Zamora.

Lucrecia Maschio, esposa del ex policía Rubén Alberto Vivas, denunció que su marido "está preso ilegalmente hace 7 meses por haber enviado un audio de WhatsApp, en forma privada, donde criticaba al gobernador -de Santiago del Estero, Gerardo- Zamora y a sus colaboradores".

¿Qué ocurrió? El 23 de marzo de este año, la Unidad para Situaciones de Alto Riesgo -USAR- allanó una vivienda ubicada en barrio Sarmiento, de la ciudad Capital de Santiago del Estero, y detuvo a Vivas -un ex policía de 50 años- por "cometer, supuestamente, el delito de sedición".

En el operativo se secuestraron teléfonos celulares, una notebook y un automóvil marca Chevrolet Prisma. Y en un departamento, en la localidad de La Banda, también propiedad del detenido, la policía retuvo una pistola Bersa, un uniforme policial, dos armas largas, dinero en efectivo, municiones para las mencionadas armas, y demás elementos.

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Un ex policía está preso hace meses por un audio de WhatsApp

Un ex policía está preso hace meses por un audio de WhatsApp

Según la justicia local, su situación se vería agravada por el secuestro de las armas y del uniforme. Sin embargo, el factor principal de la detención se basó en un audio que Vivas envió a un grupo de WhatsApp donde menciona: "Gerardo (por Zamora) está muy cagado de miedo (en mención al coronavirus covid-19) porque tiene bajas defensas y vive medicado (...) Está con mucho temor (...) Ahora depende de la policía, a la que él ha perseguido y ha tratado mal durante toda su gestión de gobierno (...) Siempre ha tenido a Pato (por Marcelo Pato, Secretario de Seguridad) que es el tipo más inútil de la institución, porque nunca ha hecho nada (...) A todos los tipos capaces los ha jubilado, y ha dejado a los inútiles, para poderlos manejar, para que sean vulnerables a su manipulación (...) No estoy contento porque sé de la gravedad y la magnitud de este virus, pero me sacó una sonrisa el hecho de que esté muy cagado de miedo, y espero que él termine entendiendo que ha hecho mucho daño. Y si no lo mata el virus, lo van a terminar matando ex policías que ha retirado (...) En algún momento va a tener novedades de esos policías, y él lo sabe".

Por este audio, Vivas se encuentra detenido y bajo investigación por parte de la fiscal local Erika Leguizamón. "La sedición no se puede comprobar, porque sería 'un delito de un grupo de personas en contra de un gobierno con la intención de derrocarlo'. Pero entiendo que tiene que ser un grupo grande para derrocar a un gobierno, y tener el respaldo de las fuerzas armadas o algo así. Mi marido no cuenta con nadie más que con él mismo. Y entiendo que está acusado de sedición o de promover una sedición, y también entiendo que no existe una sedición de una sola persona, porque él no es un líder de un grupo armado de gente como para llegar a ese fin", detalló Maschio en defensa de su cónyuge.

ANTECEDENTES

Según fuentes judiciales, Vivas tendría antecedentes penales por los cuales fue exonerado de la fuerza en 2002, tras ser involucrado en un supuesto robo de un cargamento de cigarrillos. Vivas estuvo preso en agosto de 2003, junto a 8 policías y 5 civiles, por los delitos de “asociación ilícita, falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, violación de sellos y medios de pruebas, encubrimiento y hurto simple, en todos los casos en concurso real”. En este sentido, Maschio explicó que Vivas "estuvo acusado en esa causa, pero la justicia determinó que no era parte de la banda y fue sobreseído".

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Por otra parte, también se señaló que Vivas -entre 1996 y 2000- fue parte del Departamento Informaciones de la Policía de Santiago del Estero (conocido como D2 o "Gestapo santiagueña") donde trabajó bajo las órdenes del ex jefe de Inteligencia, comisario Antonio Musa Azar -procesado por el doble crimen de La Dársena- y el ex secretario de Seguridad Jorge D'Amico. "Esta información también es correcta", señala Maschio, quien agrega inmediatamente que "por eso él (Vivas) conocía y tenía la información necesaria para denunciar a Musa Azar en la causa conocida como 'la Gestapo santiagueña'. Gracias a su testimonio fueron arrestados y procesados tanto Musa Azar como D'amico", especificó la mujer. "Tuvo las agallas de enfrentar a esa gente, quienes eran delincuentes sindicados por delitos de lesa humanidad", agregó. "Mi marido era investigador de la policía de la provincia y es quien hace la denuncia contra los ex gobernadores Carlos y Nina Juárez, y contra Musa Azar, que da lugar a sus detenciones y a la intervención federal de la provincia", especificó, sobre una causa que data de 2005 en la que se investigaron tareas de espionaje ilegales. En su momento, Vivas reveló que las carpetas ligadas a esta causa "estaban ordenadas por números, códigos y por letras y en muchos casos, cuando no tenían afiliación partidaria, se investigaba acerca de su ideología política".

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En otro orden, Vivas fue sindicado también como uno de los 'cabecillas' en un robo a un abogado, y -por otra parte- estaba siendo investigado por una causa de 2018 donde -a través de una cuenta de Facebook- habría ejercido actos intimidatorios y violencia de género contra una cantante, quien lo denunció penalmente en 'Delitos Complejos', y que -esta causa- existiría una prohibición de acercamiento dictaminada por la Justicia. Sobre estas acusaciones, Maschio reveló que "en el robo al abogado, él (por Vivas) fue convocado como investigador independiente, pero el abogado acusaba al gobierno de estar involucrado, y que la policía no investigaba. Entonces, mi marido se hizo a un lado", sentenció. En tanto, sobre la siguiente acusación dijo que "con respecto a la cantante 'Morena cumbia', no existe tal denuncia".

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Maschio agregó que otro delito que se le endilgó a Vivas fue que "después de detención, lo acusaron de 'tenencia ilegal de armas', pero es porque en los allanamientos no encontraron una de las credenciales de legítimo usuario de una de las armas. La credencial había quedado en su billetera. Después de leer el pedido de prisión preventiva, le pregunté a mi marido dónde se encontraba la credencial, y allñi fue cuando me dijo dónde estaba. Yo tenía en mi poder su billetera, que me la entregaron el día del allanamiento. Inmediatamente se la facilité a mi abogado, en consecuencia, esa acusación quedó descartada".

LA DETENCIÓN ACTUAL

"Yo no pude hablar con ningún político de la provincia porque, como entienden que en ese audio se ofendió al gobernador Zamora, nadie quiere intervenir. Para nosotros está privado ilegítimamente de su libertad porque no hay delito, y solamente hizo un comentario en un grupo privado de WhatsApp", explica Maschio.

Agregó además que "con respecto a la causa, yo veo que la fiscal Erika Leguizamón y los diferentes jueces que van interviniendo están estirando muchísimo los plazos. La primera audiencia tendría que haber sido a los 30 días de la detención, y se llevó a cabo recién 3 meses después, el 21 de junio. A partir de ahí, la jueza tenía 5 días para dictaminar, y recién el 28 de julio -más de un mes después- dio la resolución, en la que dictaminó prisión preventiva por 2 meses más. Si la fiscal no tiene pruebas de la sedición, entiendo que no puede encontrar pruebas para imponerle un delito. No entiendo por qué sigue detenido, si no hay pruebas".

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"La jueza María Pía Danielsen le determinó -a Vivas- dos meses de prisión preventiva para darle tiempo a la fiscal para que consiga pruebas de la sedición. La prisión preventiva ya se cumplió el 28 de septiembre. El 13 fue la audiencia y los jueces se tomaron los 10 días para resolver. El diputado Rubén Manzi presentó dos escritos en defensa de mi marido en la secretaría de DDHH de la Nación y ante la Ministra de Justicia, pero hasta la fecha no obtuvimos respuestas", especificó.

"No veo la hora de poder volver a verlo. Son 7 meses ya. Cualquiera que tenga un poco de conciencia sabe que el audio no constituye delito. La fiscal no tenía ningún argumento en la audiencia. Y sin embargo no lo liberan. En este momento lo único que quiero es recuperar mi vida junto a mi marido. Al mismo tiempo, estamos armando un comité de lucha de víctimas de violencia institucional. Lo primero que haremos es el juicio político a la fiscal Erika Leguizamón, que interviene en todas las causas en que el gobierno no quiere dar evidencia de sus manejos. En el comité participan las madres de los chicos asesinados por la policía y otros atropellos de quienes deberían protegernos", reflexionó.

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"Mi marido perdió su trabajo. Él es una persona muy conocida en la provincia porque es un profesor de judo muy importante. Tuvo muchos éxitos en esta disciplina, a nivel personal, con sus alumnos y también con sus hijos. Yo también estoy en riesgo de perder mi empleo por hacer pública esta situación. Pero no veo otra cosa para hacer", insistió Maschio.

Aseguró que Vivas "sacaba su certificado de antecedentes frecuentemente, porque formaba parte de los técnicos del seleccionado de judo del Enard", en el contexto de refutar los antecedentes delictivos que se le imputan. Señaló que lo que más le preocupa es "demostrar que lo que dicen es falso. Pasó mucho hasta que me animé a hablar. Tenía temor. Lo que se vive en Santiago, con respecto al poder del gobernador, es muy fuerte. Incluso me costó decidirme a hacer pública la denuncia por miedo a represalias. Muchos me dijeron que podía perder mi trabajo. Y muchos otros dijeron que agradezca que (Vivas) está vivo y no desaparecido. Escalofriante, la verdad. Incluso temía hablar con la persona incorrecta. Ni siquiera le conté a mi familia, quienes viven en Córdoba, lo que estaba viviendo", confesó.

Maschio concluyó que "hoy nos encontramos a la espera de la resolución del Tribunal de la Cámara de Apelaciones; y estoy rezando para que sea positiva. La fecha se cumple este viernes. Espero que no sigan estirando los plazos legales. La primera audiencia la tuvo a los 90 días, cuando debió ser a los 30. La resolución de la jueza Danielsen debió tardar un máximo de 5 días, y se tomó 37. Después de eso dictó la preventiva por dos meses. Y así le van robando meses de vida a mi marido".

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