Confirman que está en marcha el traspaso de la justicia penal a la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que la idea está en marcha, en lo que será un proceso gradual y escalonado que propone que algunos de los magistrados que hoy investigan delitos comunes tengan competencia federal. Por un lado, se propone la unificación de los juzgados de instrucción y correccionales pero se evalúa que los tribunales orales sigan dependiendo de la actual estructura. El primer paso: destrabar la transferencia de competencias penales que hoy quedó en un limbo.

La postergación indefinida de la aplicación del Código Procesal Penal, el traspaso del control de las comisarías de la Policía Federal a la órbita capitalina y un reciente fallo de la Corte Suprema que exhorta a que se realice el traspaso de la justicia nacional conforma el marco sobre el que se apoya la decisión de avanzar del gobierno de Cambiemos.

El Ministerio de Justicia, que conduce Germán Garavano, trabaja en un plan para unificar los 49 juzgados de instrucción con dos secretarías cada uno con los 14 juzgados correccionales. Hoy, la competencia de esos tribunales está dividida en los que son delitos con penas más leves, hasta tres años de prisión máxima (ejemplo, todas las lesiones culposas) y los que ocurren en el ámbito privado, que pueden tener un máximo de cuatro años de pena -en los correccionales- y todos los que son delitos con penas más graves, que recaen en los de instrucción.

A partir de esa unificación -que deja afuera a los 30 tribunales orales en lo criminal- se comenzará a aplicar un esquema "voluntario" para ir generando el traspaso de los jueces de forma optativa. Todavía no está determinado el criterio para ampliar competencias en delitos federales para algunos tribunales que podrían toparse con el rechazo desde Comodoro Py 2002, el fuero más politizado de la justicia que no admitirá que se diluya su poderío.

La idea necesariamente tendrá que atravesar el trámite parlamentario a partir de un proyecto de ley que será la síntesis de varios presentados a lo largo de los años.

Rodríguez Larreta anticipó que imagina un traspaso "rápido", luego de tomar a su cargo las comisarías de la Federal. Pero desde el gobierno no anticipan tiempos ni plazos de implementación. Desde la administración PRO aspiran a que esta movida sea la punta de lanza del "Plan Justicia 2020", un proyecto creado y diseñado con estructuras que tengan proyección en el tiempo, con modificaciones profundas que surjan del consenso de los distintos actores del ámbito jurídico, precisamente el extremo opuesto a las medidas que se han tomado para el Poder Judicial en los primeros 30 días de gobierno.

La ingeniería administrativa para llevarlo adelante incluye más porcentaje de coparticipación para la ciudad, un punto en el que no se había llegado a un acuerdo en el pasado. Por ejemplo, la equiparación salarial de los magistrados porteños obligaría a un aumento de salarios para la justicia local. En lo legal, requiere que la Legislatura apure la aprobación del tercer traspaso de competencias penales, algo que ya tuvo un trámite favorable en el Congreso Nacional, pero que quedó empantanado en el ámbito local. Esa tercera transferencia prevé la incorporación de delitos relacionados con lesiones graves, incumplimiento de deberes de funcionario público, tenencia de arma de guerra y estupefacientes, entre otros. 

También delitos es espectáculos deportivos, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados del ámbito local y delitos contra el tránsito y el transporte son algunos de los delitos que completan los dos anteriores paquetes de delitos ya transferidos.

EL DATO

Garavano quiere unificar los 49 juzgados de instrucción, con dos secretarías de 14 juzgados cada una.

Las Cámaras de Casación que ya no serán

El 17 de mayo de 2013 se promulgó la ley que, bajo la presidencia de Cristina Fernández, creaba las Cámara de Casación para los fueros Contencioso Administrativo Federal, Civil y Comercial Federal, y del Trabajo y la Seguridad Social. Esas tres nuevas instancias revisoras se inscribieron en el marco de una reforma judicial atravesada por la discusión contra un sector del Poder Judicial, que avalaba el bloqueo a la Ley de Medios.

Pero esos tribunales que estaban a la espera de cubrir sus designaciones y entrar en funciones no verán la luz en el gobierno de Mauricio Macri.

La decisión de la Rosada es no habilitarlos, y por ende no dar curso a la selección de siete jueces que cada una de las Cámaras tendría, divididas en tres salas cada una. 

Más allá de no continuar con la reforma de su predecesora, es un guiño hacia la Corte Suprema que no había visto con buenos ojos el intento del FPV de consolidar un tribunal en fueros clave como paso previo a que los expedientes escalen a la Corte. 

El mismo destino en suspenso tendrá la llamada justicia del consumidor, un fuero especial -hoy bloqueado por una cautelar de la Ciudad- que preveía una instancia ágil de defensa de consumidores y usuarios ante abusos de las empresas.