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El represor que sale de compras con "permiso" del Poder Judicial

Carlos Blas Casuccio tiene arresto domiciliario. Está acusado de 67 secuestros y 12 asesinatos. Visitó el supermercado Toledo, en Mar del Plata, el miércoles pasado. En el Tribunal Federal Oral Número Uno de San Martín justificaron la decisión remarcando que fue "excepcional" porque el represor no tenía "quien vaya por alimento".

El represor Carlos Blas Casuccio, procesado desde mayo del 2014 por su desempeño durante el terrorismo de Estado y con prisión domiciliaria, salió el miércoles pasado a hacer las compras al supermercado Toledo, ubicado sobre la calle Belgrano al 4100, a unas diez cuadras de su domicilio, en Mar del Plata. El genocida se tomó más de una hora para seleccionar los productos. Se detuvo en el sector de los embutidos con la tranquilidad de saberse resguardado, ya que, en una insólita decisión, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín lo había autorizado a realizar la diligencia.  Al igual que en diciembre de 2014, cuando se paseó por el mismo mercado sin autorización judicial, la presencia del genocida en Toledo fue capturada por el fotógrafo e integrante de HIJOS Marcelo Núñez. 

Según consignó Tiempo Argentino, el miércoles de la semana que terminó, a alrededor de las 16:50, Casuccio ingresó al supermercado Toledo. Lo hizo como un vecino más del barrio y no como un homicida sobre el que pesan privaciones ilegales de la libertad y asesinatos en reiteradas ocasiones. "Lo reconocí rápidamente. Tiene una discapacidad física. Camina inclinado y con bastón", contó Núñez a Tiempo. "Compró lácteos, dulce de leche, salamines. Primero le saqué unas fotos con el celular. Y mientras tanto le avisé a mi compañera para que me trajera el equipo", relató. "Lo esperé afuera y lo volví a enganchar. Estuvo hasta las 18, más o menos. Se fue con dos bolsas, un carrito y su bastón", añadió el fotógrafo. Y así, disimulando las manos manchadas de sangre, el represor volvió a su casa, caminando por la calle Belgrano.

El fotógrafo Gustavo Molfino documentó las ágiles y apacibles caminatas del genocida. Tras la publicación, la justicia revocó su reclusión hogareña.

Ante la novedad, este diario constató que el genocida, involucrado en la causa Contraofensiva Montonera, tenía una insólita autorización judicial para realizar las compras porque la persona que suele realizarlas no podía efectuarlas.

"Si una persona no puede salir, lo más elemental es que pida la comida o que pida que alguien le haga las compras. Pero los genocidas piden autorizaciones para situaciones que no son excepcionales. Una cosa es ir a un velorio de un familiar directo o al médico y otra que se pida ir al supermercado", aseguró a a este medio el abogado querellante Pablo Llonto. "Hay mucha bronca en los querellantes. Es una tomada de pelo. En lugar de ser rigurosos con los genocidas, se tienen las políticas más complacientes. Con el resto de los presos, y sobretodo con los presos pobres, la misma justicia es durísima", aseguró Llonto. 

"Hay normas y convenciones que establecen la protección a la víctima en los delitos de lesa humanidad, pero a estos jueces parece no importarles. Algún familiar o sobreviviente podría cruzarse con este genocida, que además hace un año y medio que está procesado, y no llega a juicio oral por las demoras en la justicia", añadió el letrado. 

En diálogo con Tiempo, fuentes del Tribunal Oral Federal Nº1 (TOF 1) de San Martín –que recibió la causa Contraofensiva Montonera hace unas dos semanas aproximadamente- intentaron explicar el inaudito permiso que se le otorgó a quien fuera segundo jefe del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares entre 1979 y 1980. "La responsable de su cuidado es su ex esposa, que vive en otra casa. El abogado defensor de Casuccio avisó que la mujer iba a estar ausente y el imputado no tenía alimentos para comer. Pidió autorización al tribunal para que hiciera las compras", argumentaron.

Según dijeron desde el tribunal, compuesto por Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Silvia Cassain, "primero se acudió al Patronato de Liberados para que le designe una persona que le hiciera las compras o le acerque un bolsón de comida hasta que se normalice la situación. Pero el patronato informó que no cuenta con medios ni recursos humanos para eso. Le hicimos saber que había servicios de envío de comida, telefónicos". Pero resulta que justo el supermercado al que quiere ir el represor "no tiene  envíos a domicilio. También le dijimos que realice la compra en supermercados de cadenas más grandes, pero solo se pueden realizar con tarjeta de crédito y el imputado manifestó no tener una", agregaron. 

"La autorización fue excepcional, por única vez. El tribunal está atado a las disposiciones de primera instancia. En lo sucesivo se evaluarán alternativas para evitar contingencias y modificaciones de este estilo", esgrimieron. 

En su pedido al Tribunal, Casuccio pidió también cobrar la jubilación. "No se le dejó ir al Círculo Militar a cobrar la jubilación", añadieron las fuentes judiciales, como si eso aligerase la escandalosa autorización que brindaron. 

Ante este escenario, una pregunta se hace evidente: ¿Si este represor no tiene la capacidad para resolver su dieta alimenticia sin salir de su casa y tiene prisión domiciliaria, no es hora de revocarle el beneficio?

El antecedente

El año pasado, una semana antes de que comenzase el verano, Casuccio decidió salir a caminar. Se dirigió desde su vivienda al supermercado Toledo. El fotógrafo Nuñez lo sorprendió. La imagen se reprodujo en el portal Infojusnoticias. A diferencia del paseo del miércoles pasado, en aquella ocasión el represor no tenía autorización judicial para suspender su reclusión. Pero a pesar de estar en falta, pocos días después lograría el primer guiño de la justicia. Tal como sucedió ahora, el genocida esgrimió en su defensa que fue al mercado porque la persona que debía hacerle las compras estaba enferma. A pesar de que había violado la prisión domiciliaria, la Cámara Federal de San Martín "comprendió" las razones esbozadas por el genocida y no le revocó las beneficiosas condiciones de detención, como había solicitado la querella. Con este antecedente bajo el brazo, Casuccio pidió en los últimos días ir al Toledo. La justicia, una vez más, lo autorizó.

El prontuario

Entre el 26 de enero de 1979 y el 18 de junio de 1980, Casuccio se desempeñó como segundo jefe del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, con asiento en Campo de Mayo. Para la justicia tenía a su cargo "la ejecución de procedimientos técnicos que consistían en la reunión de información, la contrainteligencia, el sabotaje, la subversión y las actividades psicológicas secretas" que desplegó la última dictadura militar en aquella zona. 

Por la prueba recabada, al mayor retirado se le adjudican 67 privaciones ilegales de la libertad y 12 homicidios agravados. Fue el octavo detenido de los trece oficiales y suboficiales de inteligencia procesados en la causa Contraofensiva Montonera.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria lo apresó en su vivienda de la ciudad Mar del Plata, el año pasado. Fue llevado a los tribunales de la ciudad balnearia por decisión del titular del juzgado federal Número 1, Alejandro Castellanos. Se negó a declarar. Había evadido en diversas oportunidades la citación que le había realizado la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, quien instruía la causa. El represor había aludido que tenía serios problemas de salud. Sus recurrentes caminatas demuestran lo contrario.

Jorge Capitán y las "apacibles caminatas" que dio a conocer Tiempo en marzo

El 24 de marzo pasado, Tiempo evidenció las laxas condiciones de detención de otro represor, el coronel retirado Jorge Gerónimo Capitán, procesado por crímenes de lesa humanidad en la causa Operativo Independencia.

El militar retirado debía pasar sus días recluido en su domicilio pero tenía también un insólito beneficio: por "razones de salud" estaba autorizado a dar vueltas a la manzana de su casa, ubicada en el barrio porteño de Barrio Norte.

Según constató este diario, los recorridos del imputado por homicidio y otras violaciones a los Derechos Humanos se extendían a más de ocho cuadras del perímetro establecido por la justicia.

El fotógrafo Gustavo Molfino documentó las ágiles y apacibles caminatas del genocida. Tras la publicación, la justicia revocó su reclusión hogareña.

En abril de 2013 el juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, autorizó a Capitán a realizar caminatas diarias de 45 minutos por la misma manzana de su vivienda. ¿La razón? Padecer, supuestamente, problemas de salud. El acusado debía caminar acompañado por su mujer. Dentro del expediente, a los ojos de Bejas, ella era la garante de su detención domiciliaria. Tiempo lo registró en ropa deportiva, caminando en soledad, a más de ocho cuadras de su departamento. 

Desde marzo de este año el represor pasa sus días en una cárcel común. Está procesado por crímenes de lesa humanidad desde diciembre de 2012. Para la justicia federal realizó "un aporte esencial para el funcionamiento del centro clandestino de detención La Escuelita durante 1975”, cuando el gobierno de María Estela Martínez de Perón autorizó el Operativo Independencia, en Tucumán.

Al militar retirado se le adjudicaron homicidios triplemente agravados, torturas, vejaciones y participación en secuestros durante el terrorismo de Estado.

Contraofensiva: un caso emblemático

Para enfrentar a la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, Montoneros diseñó una "contraofensiva popular". Comenzó en 1979 y tuvo una segunda parte, en 1980. La operación consistió en el entrenamiento en México, España y el Líbano, de más de 100 guerrilleros para cumplir con diferentes misiones. Se crearon dos estructuras para implementar las órdenes de la conducción que por ese entonces permanecía exiliada en el exterior: Tropas Especiales de Agitación (TEA) y las Tropas Especiales de Infantería (TEI).

Las primeras tenían como finalidad tareas de agitación y propaganda mediante la interferencia de canales de televisión y emisoras de radio. Las TEI, por su parte, buscaban realizar acciones relacionadas con el transporte, las comunicaciones y el equipo económico de la dictadura.

El plan fracasó y la mayoría de los militantes fueron detenidos rápidamente. Por eso existió la presunción de que habían sido "entregados", pero la sospecha no pudo ser probada. Según el periodista y ex montonero Miguel Bonasso, la primera de las contraofensivas terminó con el 75% de los militantes muertos, entre los que estaba un miembro de la Conducción Nacional (Horacio Mendizábal) y seis miembros del Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero. La primer contraofensiva produjo varias rupturas al interior de la organización y la segunda marcó un mayor declive.

TOMADA DE PELO

"Los genocidas piden autorizaciones para situaciones que no son excepcionales. Una cosa es ir a un velorio de un familiar directo o al médico y otra, ir al supermercado", señaló Pablo Llonto, periodista, abogado, militante de DDHH. Además añadió: "Es una tomada de pelo. Con el resto de los presos, sobretodo con los presos pobres, la misma justicia es durísima".

FRESNEDA DIJO QUE NO HAY MARCHA ATRÁS

"Es imposible volver atrás en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia", señaló Martín Fresneda, "más allá de que un candidato presidencial lo tilde de curro". Los dichos de ayer del secretario de Derechos Humanos fueron un tiro por elevación a Mauricio Macri, quien atacó en el pasado a esa política de Estado.

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