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Narcos: la Corte se coló en la disputa política

A dos días de la elección, el tribunal acordó crear una "comisión" para combatir el tráfico de drogas.

La Corte Suprema dispuso ayer la creación de una comisión especial para el combate contra el narcotráfico. En el primer acuerdo tras las elecciones presidenciales, y haciéndose eco de que la lucha contra las bandas que trafican drogas se convirtió en una de las principales disputas político-mediáticas entre los candidatos y ex candidatos a la Rosada y a las gobernaciones, el máximo tribunal suscribió una acordada en la que pretendió ponerse por sobre la coyuntura política, consignó Tiempo Argentino.

La Corte proclamó "la necesidad de actuar de manera concreta e inmediata" contra los narcos "ya que está en juego la seguridad de la población". Y consideró que "resulta imprescindible y urgente promover una política de Estado consistente, efectiva, coordinada y con claros objetivos regionales y nacionales para ayudar a los distintos operadores a solucionar un problema que excede las soluciones locales".

La Acordada 28/15 fue firmada por los jueces supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. El longevo magistrado Carlos Fayt no suscribió el documento, que fue rubricado por el secretario general y de gestión del tribunal, Alfredo Kraut.

La flamante comisión es esencialmente judicial: estará integrada "por jueces federales de distintas regiones y representantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Los jueces federales de las provincias del norte del país permanentemente le hacen llegar a Lorenzetti inquietudes, reclamos, quejas y lamentos sobre la situación con la que deben lidiar día a día, en una frontera porosa y permeable.

"Es necesario enfrentar el problema del narcotráfico y toda la actividad delictiva vinculada con este flagelo", expresó el máximo tribunal. Y recordó que ese reclamo "ha sido reiterado en cada inauguración del año judicial", ceremonia que encabeza Lorenzetti, en especial desde 2009 hasta hoy.

La comisión tendrá como funciones "mejorar la coordinación entre los distintos tribunales judiciales, de distintas instancias y jurisdicciones, y de estos con las diferentes dependencias estatales con competencia especial en la materia".

Las políticas públicas las deciden los gobiernos; la Corte se propuso, no obstante, "asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país".

La iniciativa no es nueva: desde la sanción del "fallo Arriola", en el que el tribunal virtualmente despenalizó el consumo personal en tanto no afecte la salud pública, la Corte viene pidiendo la adopción de una política que involucre a los tres poderes de la República.

"El cumplimiento de ese objetivo demanda la instrumentación de políticas de Estado coordinadas, con objetivos claros, permanentes en el tiempo y con medidas efectivas". La Corte se ve a sí misma como punta de lanza en ese sentido.

Quehaceres del tribunal

¿Qué más va a hacer la Comisión? Capacitar a "los operadores judiciales abocados a la persecución del delito del narcotráfico", elaborar un protocolo de actuación y un registro de causas judiciales en las que se investiguen casos de criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos.

Cuando un grupo de funcionarios judiciales fueron convocados a analizar la problemática, en la Comisión Nacional de Políticas Públicas de Prevención y Control del Tráfico de Estupefacientes, uno de los principales problemas fue la atomización de causas que parecían inconexas –y, de hecho, tramitaban en juzgados e incluso jurisdicciones diferentes- pero que respondían a un mismo origen y matriz.

La comisión se propone también la "creación de un observatorio que pueda monitorear la evolución de este fenómeno delictivo en el campo judicial" y, además, "mejorar y profundizar la comunicación y coordinación con las fuerzas de seguridad, autoridades locales y federales, y con las demás autoridades públicas cuya intervención resulte necesaria".

La Comisión busca protagonismo e iniciativa. Entre sus objetivos figura la "elaboración de propuestas a otros Poderes del Estado, en especial, el tratamiento de reformas legales que establezcan un procedimiento adecuado para la investigación y juzgamiento de estos delitos complejos". La Corte invitó "a los poderes públicos del Estado, al Ministerio Público Fiscal y al Consejo de la Magistratura" a sumarse a la tarea.

Críticas veladas a los otros Poderes

De la acordada parece desprenderse la idea de que los jueces hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, mientras el compromiso por parte de los otros Poderes es sensiblemente menor. "El esfuerzo individual de jueces necesita ser complementado con la colaboración concreta de las fuerzas de seguridad, autoridades migratorias, y otras dependencias del Poder Ejecutivo Nacional y provinciales en una actuación conjunta", reclama el documento.

La Corte subrayó que "la gravedad de esta situación fue puesta de manifiesto por distintos jueces federales con competencia en la materia mediante notas y reuniones en distintos ámbitos del país. Todo ello fue puesto en conocimiento oportuno e inmediato de todos los organismos y dependencias de los otros poderes del Estado." 

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