En línea con la avanzada en la quita de derechos laborales con una acentuada puntería sobre los gremios por parte del Gobierno de Javier Milei, el Gobierno de Santa Fe impuso la presencia de fuerzas de seguridad en el interior de la planta de la cooperativa láctea Sancor de Sunchales, en el marco de un extenso conflicto laboral que genera bloqueo de actividades.
La decisión de enviar fuerzas policiales fue confirmada a Télam por voceros de la cartera de Seguridad provincial, luego de que el ministro de Trabajo local, Roald Báscolo, asegurara tras una visita a la planta que no iban a permitir bloqueos por parte de distintas agrupaciones gremiales.
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Al argumentar la medida, Báscolo indicó: "Nosotros respetamos el derecho a huelga habiendo planteos de trabajadores que no cobraron la totalidad de su salario (...) pero también respetamos el derecho a trabajar de aquellos que quieran hacerlo".
La planta de Sancor en Sunchales atraviesa un largo conflicto laboral entre los administradores de la cooperativa y el sindicato del sector, Atilra. El gremio viene realizando medidas de fuerza por demoras en cancelación de los haberes de sus afiliados que, en algunos casos, paralizó la principal planta de la compañía láctea.
Ante esa situación, luego de la visita del ministro de Trabajo la semana pasada, el Gobierno de Maximiliano Pullaro decidió el envío de fuerzas de seguridad a la planta, para evitar bloqueos.
La medida fue celebrada por Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), que agradeció al gobernador "por disponer a la policía en la planta, para evitar que los mafiosos sindicales maltraten a los trabajadores de Sancor que están deseando trabajar".
En su cuenta de la red social X, el MEAB señaló que "a causa de los bloqueos que sufre Sancor por parte de la mafia sindical, la fuerza policial debe permanecer dentro de la planta, para que esta siga funcionando y proteger a los empleados de la extorsión constante de los delegados sindicales".
Para el cuerpo de delegados de Atilra en Sancor, en cambio, la presencia policial significa "una escalada de intimidación".
En una carta abierta dirigida al gobernador Pullaro, los delegados denunciaron que el ministro Báscolo incurrió en "un grave incumplimiento de sus deberes de funcionario público" y que intentó "sofocar nuestro reclamo laboral".
El cuerpo de delegados justificó esos dichos al señalar que el propio ministro de Trabajo reconoció el atraso en el pago de salarios y que, entre sus funciones legales, se encuentra la de "fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral vigente" y "aplicar sanciones por la inobservancia de las disposiciones que regulan el trabajo".
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En otro párrafo de la carta, indicaron que "las declaraciones públicas, parciales y contrarias a derecho del Ministro de Trabajo provincial, solo contribuyen a incrementar el malestar que todo conflicto colectivo laboral conlleva".
"Nos encontramos ante un claro intento de sofocar nuestro justo reclamo laboral", concluyeron.
