Rafael Nahuel tenía 22 años cuando fue asesinado por la espalda en manos del Grupo Albatros de la Prefectura Nacional.
A tres años y medio del crimen del joven mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi, Río Negro, la causa por su asesinato dio un giro inesperado. El juez federal de Bariloche Gustavo Zapata procesó sin prisión preventiva al integrante de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina Sergio Guillermo Cavia como autor del homicidio y a cuatro uniformados más como "partícipes necesarios".
No obstante, el magistrado responsabilizó este miércoles a Cavia por el delito de "homicidio agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa". De esta manera avaló la teoría de que hubo un enfrentamiento el 25 de noviembre de 2017 entre los prefectos que reprimieron con armas de fuego y la Lof Lafken Winkul Mapu. Fue en ese intento de desalojo en que el joven de 22 años recibió un tiro mortal por la espalda.
Según informa el diario Río Negro, Zapata ordenó también el procesamiento de los albatros Francisco Javier Pintos - quien estuvo acusado de ser el asesino en un primer momento -, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García como "partícipes necesarios penalmente responsables del delito de homicidio agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa".
La resolución del juez - que se puede apelar ante un tribunal superior - le atribuye a Cavia el disparo que mató a Rafael Nahuel tras los resultados de la tercera pericia balística que se realizó en la provincia de Salta a pedido de la querella. De ahí surge el giro en la causa, tras años de que el efectivo Pintos fuera responsabilizado por el asesinato.
Zapata, quien reemplazó en la causa al juez Leónidas Moldes, dispuso para los cinco procesados un embargo de $5 millones a cada uno, la prohibición de salir del país, notificar al juzgado la ausencia de más de cinco días en sus domicilios declarados y presentarse cada dos semanas ante la Delegación San Isidro de la Policía Federal Argentina.
Los delitos por los que fueron procesados tienen una pena de prisión desde un año y cuatro meses hasta 6 años y 8 meses.
