La filial porteña de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) aseguró hoy que "el Gobierno de la ciudad continúa el ataque a los docentes"; denunció que la titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Angélica Graciano, fue citada a declarar por la justicia por "hechos gremiales" y exigió la renuncia del fiscal general Juan Mahiques.
"El Jefe de Gobierno y su ministra de Educación, Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, continúan escalando su ataque. A las declaraciones ofensivas, ahora, se sumó la persecución penal a una treintena de docentes, entre ellos Graciano", indicó la CTA, según citó Télam.
Un comunicado de la central expresó que el Ministerio Público Fiscal los notificó para que se presenten "de forma obligatoria" a una audiencia pública por solicitud de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 7, y les reclamó "la presencia de un abogado patrocinante por los hechos ocurridos en noviembre de 2019 en una protesta gremial".
En el contexto de una medida de fuerza, los trabajadores rechazaron entonces "la violación del Estatuto Docente mediante la fraudulenta designación de cargos", pero entonces el Ejecutivo "dio marcha atrás y reconoció la legalidad del reclamo", reseñó.
"Pero las acciones judiciales iniciadas por Rodríguez Larreta y Acuña continuaron, y fueron acompañadas por sumarios administrativos a 33 trabajadores. Ese disciplinamiento continúa ahora con la represalia judicial y la citación de docentes y dirigentes", afirmó.
Para la CTA, el Gobierno porteño es "un aguantadero que otorga cobertura a funcionarios que debieron renunciar en otras jurisdicciones a partir de sus pésimas gestiones, como el fiscal Juan Mahiques, implicado en una red de espionaje y armado de causas", denunció.
"Si el jefe de los fiscales de la ciudad está implicado de ese modo, nadie puede sentirse a salvo, por lo que la CTA exige su renuncia al cargo de fiscal general", puntualizó.
Eduardo López y Alejandro Gianni, dirigentes de la CTA en el distrito, rechazaron "la criminalización de la protesta" y repudiaron "la persecución política y gremial de quienes defienden sus derechos", y aseguraron que "la UTE denunció en su momento el marketing del Gobierno metropolitano y el fracaso de sus burbujas educativas sin estudiantes".
