El Gobierno de Salta declaró a partir de este miércoles y por el plazo de tres años la emergencia en materia penitenciaria, debido a que la capacidad operativa del alojamiento de las unidades cancelarias provinciales se vio superada por una sobrepoblación superior al 42,31%.
A través de la resolución 651 del Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta se declaró la emergencia en materia penitenciaria por el término de tres años y ordenó la creación de una comisión conformada por representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia, del Servicio Penitenciario Provincial y de la Subsecretaría de Políticas Penales, entre otras áreas.
Esta comisión “deberá proponer las medidas necesarias a fin de resolver el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario; proponer mejoras en las condiciones de privación de la libertad; promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad especialmente para grupos vulnerables”.
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En sus considerandos, el documento señala que “no obstante la inversión y políticas trazadas por la provincia en los últimos años, no se logró satisfacer las demandas generadas por el incremento significativo de la población penitenciaria”.
Además, señala que “la capacidad operativa del alojamiento de las unidades cancelarias provinciales se ha visto superada por una sobrepoblación superior al 42,31%, ocasionando la peligrosa situación de utilización de dependencias policiales para el alojamiento permanente de internos procesados y condenados, siendo inadecuado por carecer de un sistema propio de los lugares de detención”.
Finalmente, la resolución explica que el Ministerio de Seguridad y Justicia “entiende que la construcción de infraestructura penitenciara es una política pública fundamental para superar la emergencia carcelaria”.
