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El derecho a decidir en manos de torturadores

El sistema de Salud de las provincias obliga a las niñas a parir, gestar y criar en las infancias.

Una niña de 12 años en Las Lajitas, provincia de Salta, está embarazada producto de una violación. Otra niña de 10 años, de Corrientes, que también fue sometida al abuso sexual, está pariendo por cesária. En los dos casos, el sistema de protección del Estado aduce que el resultado “es decisión de la niña”.

Hay muchísimas situaciones idénticas en todo el país, pues cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar, parir y criar en Argentina.

Todas las causales legales entran en juego frente al embarazo de una niña. Porque existe abuso sexual, porque el embarazo fruto de una violación es de alto riesgo para su salud física según la evidencia científica al respecto, y es un peligro para su salud mental y social.

En el 80% de los casos el abuso sexual es intrafamiliar, mientras que en una proporción importante del índice restante el abuso sexual está naturalizado en la familia o en la sociedad, según se desprende de los expedientes judiciales, ya que se suele argumentar que se trata de “el novio” y que hubo consentimiento. Se trata de niñas de 10, 11 o 12 años, y “el novio” abusador tiene 30 años o más en la mayoría de los casos, y por supuesto que son delitos.

En los hospitales de la Provincia de Salta, como en Corrientes y en casi todo el país, el sistema de Salud no trabaja de acuerdo al derecho vigente.

A su vez, esos abusos sexuales son mayormente develados en el sistema de Salud. Eso se debe a que otro adulto responsable es quien más tarde lleva a la niña al centro de Salud o al hospital cuando ella refiere el abuso o se siente descompuesta, o porque “la vieron con pancita”. De esa manera, el centro de Salud u hospital es el que recibe en primera instancia a una niña abusada.

Y ahí comienza una nueva victimización. Pues en los hospitales de la Provincia de Salta, como en Corrientes y en casi todo el país, el sistema de Salud no trabaja de acuerdo al derecho vigente. Nos enteramos por las mujeres adultas que viven en lo que mal se denomina “el interior de la provincia” que no encuentran respuesta en sus centros de Salud cercanos cuando asisten en busca de hacer efectivo su derecho a la Interrupción Voluntaria del embarazo (ILE). Las mujeres adultas que reclaman su derecho y buscan ayuda en los grupos feministas terminan derivadas a otros hospitales, muchas veces en las capitales de las provincias, teniendo que trasladarse, incluso, en plena pandemia. Así, viven la práctica de la ILE lejos de sus familias y amistades.

El Sistema de protección de Infancia no puede seguir aceptando que esos equipos de Salud, que niegan el derecho a una persona adulta y que incluso se autodenominan “objetores”, sean quienes aseguran haber dado “Consejería en Opciones” y concluyen que “la madre y la niña deciden continuar”. ¿Deciden? ¿Cómo es posible que las adultas que sí deciden no tengan acceso y son derivadas a más de 500 kilómetros de su centro de vida para acceder a una ILE? ¿Y que todas las niñas de 12 años deciden continuar el embarazo?

El Sistema de Protección de Infancia, así como el sistema de Salud y de Derechos Humanos de las provincias, hacen oídos sordos a las Campañas de #NiñasNoMadres. No existen sumarios por la falta de comunicación interna de los embarazos producto de violación que se encuentran protocolizados, mucho peor cuando ni siquiera existen protocolos.

En definitiva, el camino de la revictimización de las niñas abusadas está institucionalizado, es sistemático y, por lo tanto, implica una tortura en manos del Estado que obliga a gestar, parir y criar en la infancia, fuente de toda Injustica.

*La autora es abogada feminista e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito - Salta.

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