Todo comenzó cuando el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) le reclamó a la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) que regularice la situación de una cantidad de empleados y empleadas. Reclamaron ante el inclumiento de "efectivizaciones" y recategorizaciones. Al no recibir una respuesta favorable, iniciaron medidas de fuerza en distintas autopistas que conectan a las familias con diferentes puntos turísticos. Hubo una orden de conciliación obligatoria que desoyeron y por eso el mismísimo gobernador bonarense, Axel Kicillof, pidió que se les quite la personería gremial, entre otro tipo de sanciones.
El SUTPA está dirigido por su secretaria general, María Florencia Cañabate, y el secretario adjunto, Facundo Moyano, y la primera reacción que tuvieron ante esta amenaza fue decir que "Ni Macri se animó a tanto". Tal es el título del comunicado oficial, mediante el cual sostienen que la empresa estatal que está bajo el ala del gobernador Kicillof pretende que el sindicato "desaparezca".
AUBASA quiere que desaparezca SUTPA pic.twitter.com/DMvk46IYq1
— Sindicato de Peajes (@Sutpacgt) January 6, 2023
Tal como lo mencionó el propio Facundo Moyano, quien dejó su bancada en el Congreso para dedicarse de lleno a la vida sindical, podría decirse que esta acción del gobierno provincial solo logró que el SUTPA se haga fuerte en los apoyos. NO solo de la CGT, donde está su hermano Pablo y la cual fue liderada por el padre de ambos durante mucho tiempo, sino también de otros protagonistas de la vida gremial como la confederación que nuclea a trabajadores del transporte.
Con esto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, logra algo importante que no se pudo hacer antes: unir a todo el movimiento obrero para rechazar su pedido
— Facundo Moyano (@Facundo_Moyano) January 6, 2023
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El consejo directivo de la CGT, que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, repudió "la solicitud de cancelación de la personería gremial del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa)", realizada por la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), y la imposición de multas y/o sanciones.
Mediante un documento, la central obrera se solidarizó con los trabajadores y las trabajadoras de peajes y rechazó "cualquier tipo de cancelación de la personería gremial en perjuicio de la entidad y de los trabajadores de la actividad".
"La CGT repudia y rechaza esas decisiones, que atentan contra derechos fundamentales de los trabajadores y desconocen la Constitución, los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, y no se relacionan con la convivencia democrática", expresó.
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También enfatizó que "el respeto de derechos fundamentales como el de huelga y la preeminencia de la libertad sindical excluyen la represalia y la amenaza como mecanismo para abordar y hallar soluciones a los conflictos", y aseveró que solo mediante el diálogo social "se podrá construir y transitar el camino hacia el acuerdo".
Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conduce Sergio Sasia, también se plantó ante "el intento del Gobierno bonaerense de quitarle la personería gremial al Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa)" y "de imponerle cualquier tipo de multas y/o sanciones ante un legítimo reclamo".
Un documento de la CATT, que agrupa a decenas de trabajadores del transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, sostuvo su "profundo rechazo" ante esa iniciativa oficial a partir del ejercicio del "legítimo derecho de reclamo". "La CATT repudia el intento de aplicar esas medidas contra el Sutpa a través de la Dirección Nacional de Fiscalización, ya que la organización afiliada a esta Confederación ejerce su legítimo derecho ante los incumplimientos patronales", afirmó.
El gremio de peajes atraviesa un duro conflicto con las autoridades de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) como consecuencia de "los reiterados e insistentes incumplimientos patronales y la total ausencia de respuestas respecto de las demandas de efectivizaciones y recategorizaciones de personal", sostuvo la CATT, que también añadió a su texto: "La pretensión de quitarle al gremio la personería constituiría un peligroso acto de avasallamiento a la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, a los derechos fundamentales de los trabajadores y a los de todas las entidades sindicales".
Para la CATT, esa posible decisión "es grave e inesperada, en especial teniendo en cuenta que se trata de un Gobierno que reivindica los derechos laborales y la libertad asociativa a través de las organizaciones sindicales", por lo que expresó que estará "atenta" y "en solidaridad con los trabajadores del Sutpa".
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) repudió el "intento del Gobierno bonaerense por quitarle la personería al Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa), así como cualquier multa o sanción contra el gremio.@Sutpacgt @CATT_Prensa pic.twitter.com/iS2lE3kurn
— Estado de Alerta (@EstadoDAlerta) January 6, 2023
¿Qué dice la empresa ante el conflicto y los paros?
La empresa Autopista de Buenos Aires S.A. (Aubasa) señaló que la medida de fuerza con levantamiento de barreras de las estaciones de peaje de las rutas del Corredor Vial del Atlántico y de la Autopista Buenos Aires-La Plata es "injustificado y perjudicial" porque "le cuesta a los bonaerenses 60 millones de pesos por día".
En un comunicado, la firma se refirió al paro que, indicaron, impide "el cobro manual y el cobro automático del peaje sin que existiera aviso, comunicación o reclamo previo". "Consideramos que el accionar del sindicato es injustificado y perjudicial tanto para la empresa como para el Gobierno provincial y los propios trabajadores de Aubasa que poseen el 7% del paquete accionario".
Para la empresa, con la falta de acatamiento está "desacreditando una instrucción del Poder Ejecutivo de un Gobierno Peronista y bastardeando una institución democrática del derecho laboral obtenida como conquista histórica de la lucha obrera y destinada a proteger a los trabajadores".
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En el texto, la empresa indicó que se "desconocen las razones" que llevaron a la medida de fuerza porque "se encuentra vigente el acuerdo paritario; los aportes sindicales están al día, así como los aportes al sindicato para capacitación y fomento de deporte que ascienden a 24 millones de pesos mensuales".
En esa línea, se informó que "los sueldos y el aguinaldo fueron abonados normalmente, con un incremento del 14% adicional, a cuenta de futuros aumentos para mitigar la situación económica actual" y que el mismo se decidió "de modo unilateral por la empresa debido a que el sindicato no respondió las dos notificaciones convocándolos a negociar un reajuste salarial por incremento de inflación".
Además, señaló que ante el pedido del sindicato se trabaja en un "plan de reconversión laboral que mejorará las condiciones de trabajo de sus colaboradores, pero el SUTPA aún no ha querido tomar conocimiento del mismo en las mesas bipartitas convocadas a tal fin".
Entre otras cuestiones, se detalla que el plan prevé la efectivización de más de 100 trabajadores que actualmente revisten en condición de eventuales, el desarrollo de nuevas áreas operativas, la aprobación de un nuevo organigrama, la recategorización de un gran número de trabajadores y una ampliación de la actividad con la incorporación de la ruta 6.
Desde la empresa aseguraron que, teniendo en cuenta que Aubasa responde al Estado provincial, la "medida de fuerza le cuesta a los bonaerenses 60 millones de pesos por día" y destacan que el paro desarrollado en octubre pasado durante 17 días le costó al Estado Provincial "1.265 millones de pesos a valor actualizado, monto equivalente al requerido para construir 5 escuelas o reparar 58 kilómetros de rutas".
Aubasa destaca que a la fecha el sindicato sostiene dos reclamos: la reincorporación de un gerente, apartado de su cargo por incumplimiento de sus funciones, y el apartamiento del cargo del actual presidente de la empresa, Ricardo Lissalde. "Los reclamos son absolutamente fuera de lugar; en el primer caso, por tratarse de personal jerárquico fuera de convenio, y en el segundo porque se desconoce el derecho de la provincia como accionista mayoritario de la empresa a dirigir los destinos de la misma", indicaron.
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