El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, defendió el bono para desocupados que suspendió la jueza María Servini: "No es electoral", dijo.
Este viernes la jueza con competencia electoral dictó una medida cautelar por la cual ordenó al Gobierno Nacional abstenerse de hacer entrega de 114.000 bonos por única vez para desocupados.
"No conozco la letra de la resolución, pero si la jueza nos interpone un demanda, si tenemos que suspender, lo suspenderemos, hasta explicar que no se trata de un programa atado a lo electoral", resaltó Sica. Además, dijo que si no puede pagarse en estas semanas, intentará que se haga a partir del 1 de noviembre.
Este viernes, Servini dictó una cautelar en la que le ordenó al Gobierno abstenerse de hacer entrega de 114.000 subsidios para desocupados.
El Frente de Todos, que lleva de candidato a presidente a Alberto Fernández, había denunciado que con el otorgamiento de los planes se pretende "condicionar el voto de las personas que resulten beneficiarias del subsidio".
Por ello el apoderado del PJ, Jorge Landau, había realizado denuncia penal contra el Ministro de Trabajo y la Producción, Dante Sica, así como al secretario de empleo Fernando Prémoli.
EL FALLO DE LA JUSTICIA
La jueza federal con competencia electoral, María Servini, prohibió al Ministerio de Producción y Trabajo y la Secretaria de Empleo de la Nación disponer fondos en concepto de susbidios a desocupados hasta después de las elecciones generales del próximo 27 de octubre.
La medida cautelar, dirigida al ministro Sica y al secretario Fernando Prémoli, fue ordenada a pedido de los apoderados del Frente de Todos, Jorge Landau y Gerónimo Ustarroz, quienes denunciaron infracción al artículo 139 inciso b del Código Electoral de la Nación, que sanciona a quien compeliera a un elector a votar de manera determinada.
Los apoderados habían reclamado la medida provisoria "urgente" para que se ordene a la cartera abstenerse de disponer de fondos para el pago de subsidios creados la resolución 1.177 de la Secretaría de Empleo, "o cualquier otra erogación que pudiera estar dirigida al condicionamiento de los electores" en los comicios del próximo 27 de octubre".
Señalaron que la resolución, firmada el 3 de octubre, y "no publicada en el Boletín Oficial", consiste en un "plan social" para unos 114.000 desocupados, con subsidios de 5.000 pesos por "única vez" para personas mayores de 18 años que no percibieran otros ingresos vía prestaciones sociales o previsionales.
Los denunciantes destacaron que se trata de un presupuesto de 570.000.000 de pesos, con más de la cuarta parte destinada al municipio bonaerense de Lomas de Zamora, y que serían canalizados por comunas y dirigentes locales afines al presidente Mauricio Macri, tiene como "objeto oculto" condicionar a quienes resulten beneficiarios del subsidio.
Para dictar la medida cautelar, la jueza ponderó el dictamen del fiscal Jorge Di Lello, quien opinó que a las agrupaciones de la contienda electoral deben serle garantizadas, mediante métodos de transparencia e igualdad, que el Estado Nacional no utilizará su andamiaje para obtener beneficios en contra de la participación de todas las fuerzas.
