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Muerte de un paciente: prisión para un exempleado de seguridad

Se trata de Ángel Suñez, acusado por la muerte en 2013 de Saulo Rojas, un joven mendocino de 23 años, que tenía consumos problemáticos y era insulinodependiente, y se suicidió al ser recluido en una habitación precaria a modo de castigo. Desde la sanción de la ley de Salud Mental en 2010, esta es la primera vez que un miembro de una comunidad terapéutica llega a juicio oral por el suicidio de un paciente.

Saulo Rojas, víctima de violencia institucional.
Saulo Rojas, víctima de violencia institucional.

Un exempleado de seguridad del centro San Camilo, del partido bonaerense de Pilar, fue condenado ayer a tres años de prisión de efectivo cumplimiento por homicidio culposo tras el suicidio de un joven con consumos problemáticos e insulinodependiente, que fue recluido en una habitación precaria a modo de castigo.

Además, Ángel "Pipi" Suñez recibió 10 años de "inhabilitación especial para controlar personas en instituciones públicas y privadas".

Suñez estaba acusado por la muerte en 2013 de Saulo Rojas, un joven mendocino de 23 años y, según el fallo, no será detenido hasta que la sentencia quede firme, según lo definido en el juicio oral que se llevó adelante en el Juzgado en lo Correccional Nro 4 de San Isidro.

Suñez permanecerá en libertad, aunque no podrá ausentarse "por más de 24 horas de su domicilio sin conocimiento o autorización" por parte del juzgado, ni "salir del país", y deberá presentarse una vez al mes en la Secretaría de la Fiscalía.

Desde la sanción de la ley de Salud Mental en 2010, esta es la primera vez que un miembro de una comunidad terapéutica llega a juicio oral por el suicidio de un paciente.

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Miriam Lourdes Lucero, madre de Saulo, dijo a Télam que "se hizo un poco de justicia", y añadió que está "conforme porque se aceptó lo que se había pedido".

"Después de haber escuchado los testimonios, se dejó claro lo que pasaba ahí adentro", manifestó, y apuntó que "el lugar funcionó durante 20 años y quedó claro que algo falló en el sistema, no puede ser que nadie se haya enterado" de lo que sucedía en San Camilo.

Recalcó que la sentencia conocida este lunes "no es un punto final" porque la fiscalía "dejó en consideración escuchar a los que no pudieron declarar".

Al respecto, dijo que "hay historias que deben ser oídas y hay muchos que pasaron por abusos, violencia de género y torturas".

"Mi pedido es hacia las personas que tienen que velar por los derechos de usuarios del sistema de salud mental", dijo.

La Fundación "estaba habilitada para cierta cantidad de gente, creo que 20, y cuando lo clausuraron había 60 personas", aseveró, y aclaró que su hijo "entró allí becado por la provincia de Mendoza".

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