El Poder Ejecutivo nacional hizo uso y abuso de las facultades delegadas en la Ley Bases que, con complicidad de un sector de la oposición y represión en la protesta, fue finalmente sancionada en junio del 2024.
Así, en el afán de destruir toda presencia estatal en áreas clave para la salud, la economía, ciencia, tecnología, medioambiente, etc. (aunque con presencia para otorgar beneficios al sector privado) el presidente Javier Milei decretó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial N° 35.702, afecta a dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial, entre otras.
Desde hace varios días, el Gobierno viene anunciando con bombos y platillos las diversas disoluciones de organismos estatales esenciales para una mejor calidad de vida, aunque -entre blandos argumentos- lo definieron como medidas válidas y beneficiosas para reducir el gasto público.
Sin embargo, fueron varias las voces que se levantaron y que votaron en contra de la Ley Bases y los decretazos, y dieron batalla en el Congreso.
Organismos eliminados
Entre los organismos aniquilados por Milei (con asesoramiento de su ministro de Transformación del Estado Federico Sturzenegger) se encuentran la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el fideicomiso FONDEP, las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas y el Instituto Nacional de Medicina Tropical, entre otros.
Transformaciones y fusiones
Otros organismos fueron transformados en unidades organizativas dependientes de ministerios, como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La CNRT se transformó en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte se reconvirtió en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con competencias limitadas a la investigación aeronáutica.
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También se dispuso la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, el INAREPS y el hospital de salud mental Bonaparte, lo cual reducirá la capacidad de atención en base a la creciente demanda en salud.
Las funciones esenciales y las plantillas de personal serán absorbidas por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, la ANMAT o las secretarías de Agricultura, Industria y Transporte, según cada caso.
Además, los bienes inmuebles y vehículos sin uso serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su reasignación o venta, y las sumas líquidas disponibles pasarán al Tesoro Nacional.
El Ejecutivo instruyó a los ministerios a elevar en las próximas semanas las propuestas para adecuar las estructuras organizativas que asuman las competencias reasignadas y garantizar la continuidad de los servicios públicos.
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