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Villa 31: informe revela el mal estado de las nuevas viviendas de Larreta

Un relevamiento del estado de las viviendas nuevas del sector YPF del Barrio Carlos Mugica arrojó un resultado negativo en referencia a las condiciones edilicias.

En el marco de la Urbanización de la Villa 31, un informe reveló sobre el mal estado de las viviendas nuevas del sector YPF del Barrio Carlos Mugica. Luego de realizarse un relevamiento a 45 hogares en 19 de los 26 edificios del conjunto habitacional, el resultado tuvo como objetivo precisar y hacer públicos los graves inconvenientes que están sufriendo los habitantes.

El trabajo fue elaborado por las arquitectas Marta Stolkiner y Liana Battino, la Licenciada en Ciencias Políticas Zoe Durruty, el abogado Jonatan Baldiviezo, la Ingeniera María Eva Koutsovitis y la Trad. Myriam Godoy Arroyo.

Sostuvieron que "en primer lugar, se planteó la hipótesis de que en el contexto de vulnerabilidad que implica la relocalización de vecines del Barrio 31 a las Viviendas Nuevas, la regularización dominial, acompañada por edificaciones que no garantizan la habitabilidad de las viviendas podría actuar como rápido incentivo a los habitantes para ceder sus derechos de propiedad". Especificaron que de esta manera, el proceso de reurbanización funcionaría más bien como método expulsivo, liberando el barrio al mercado inmobiliario formal y desatando un proceso de gentrificación.

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En segundo lugar, "los resultados del relevamiento revelan deficiencias en componentes e instalaciones. Los principales problemas son las filtraciones de agua en los techos (73,8% de los hogares encuestados), filtraciones en las paredes (69%), superficies rugosas y desparejas en los pisos (88,4%), herrajes en mal estado (73,3%), aislación térmica (57,1%) y acústica (81,4%) percibida como mala, mal funcionamiento de luces y enchufes (76,7%) y la insuficiente provisión de agua fría como caliente (81,4%)".

También se revelaron deficiencias en los servicios de agua y electricidad en los espacios comunes (pasillos y escaleras), provistos por paneles solares. Ante estas situaciones, el 93,3% de los hogares realizaron reclamos ante la secretaría responsable, de los cuales el 95,6% no recibió solución. Muchos reclamos fueron iniciados desde el momento mismo de la entrega de las viviendas.

"La persistencia de los defectos constructivos señalados puede ser causa de daños mayores en los componentes y en la totalidad de los edificios, poniendo en juego su durabilidad", señalaron lxs especialistas en el informe.

"Se expresan preocupaciones acerca de la seguridad y de las consecuencias de vivir en ambientes insalubres, atentando contra los lineamientos propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es necesario evaluar las consecuencias psicológicas de un proceso de relocalización no siempre consensuado".

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"La mudanza a una casa nueva debía presentar mejoras respecto de la habitabilidad, del acceso a los servicios e infraestructuras, y de la seguridad jurídica, compensando el abandono de su sector de origen, con su entramado social, su base de sustento económico y la pérdida de las casas construidas con años de esfuerzo", señalaron.

Recalcaron que "frente a esta situación, el GCBA debe garantizar la solución de los defectos constructivos y vicios ocultos denunciados, garantizando las condiciones para la habitabilidad de las viviendas nuevas y su durabilidad en el tiempo, proveyendo las instalaciones faltantes y reemplazando o reconstruyendo las instalaciones o infraestructuras defectuosas, asegurando la seguridad y salubridad de las familias y sus hogares".

La Ingeniera María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, remarcó que “entre 2019 y 2021 aproximadamente 1000 familias fueron relocalizadas del Sector conocido como Bajo Autopista en el Barrio Carlos Mugica a las viviendas nuevas construidas por el Gobierno de la ciudad en el marco del proceso de urbanización que el barrio está atravesando. Estas viviendas, desde su inauguración vienen presentando problemas constructivos y funcionales serios que han generado mucha preocupación entre sus habitantes. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA y la Defensoría de Laburantes venimos realizando desde el mes de mayo a julio, una encuesta técnica en la que participaron 45 familias del barrio que habitan 19 de los 26 nuevos edificios construidos. El objetivo de esta encuesta técnica era recabar información sobre la calidad de las viviendas y los inconvenientes que están sufriendo los hogares recientemente mudados".

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"Los daños estructurales, tanto en losas como en techos debilitan o incluso pueden llevar a la destrucción de la estructura resistente de los nuevos edificios construidos por el GCBA. Los desperfectos en el sistema eléctrico constituyen problemas de seguridad eléctrica y además elevan el riesgo de incendio. La falta de agua en los sistemas de distribución constituye un limitante a la hora, por ejemplo, de poder extinguir los incendios. Y respecto a los espacios comunes, la falta de luces de emergencia, la falta de elementos de seguridad básicos adecuados, potencia el riesgo de accidentes, potencia el riesgo de pérdidas de vidas y además nos lleva a un escenario de eventuales incendios no controlables”.

Por su parte, Zoe Durruty, de la Defensoría de Laburantes y del Observatorio del Derecho a la Ciudad, destacó que “las relocalizaciones comenzaron en 2019. En 2020 se avanzó rápido con la excusa de la pandemia y se apresuraron las obras y las mudanzas, apuntando a escriturar lo antes posible".

"Desde que se instalaron en las viviendas nuevas se fueron observando los desperfectos, señalando los problemas y denunciando a la secretaría, pero no había respuesta o se demoraban mucho en dar una solución y para cuando lo hacían los problemas ya habían evolucionado. Con el correr de los meses los problemas que observaron al momento de la relocalización se fueron agudizando. Lo que al principio era un problema de humedad, por ejemplo, fue derivando en filtraciones y fisuras más importantes", dijo.

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Agregó que "el GCBA debería reconocer las deficiencias constructivas de las viviendas nuevas y solucionar los denunciados proveyendo la infraestructura necesaria para resolver los problemas constructivos. Se debería realizar un relevamiento arquitectónico para identificar las causas de las filtraciones y resolverlas. Dichas soluciones deben contemplar correctos diseños constructivos que no dependan del uso de selladores o rellenos para garantizar la estanqueidad. También se debe revisar y poner en condiciones la instalación eléctrica de todos los edificios y de cada unidad habitacional, así como las instalaciones sanitarias y las instalaciones de los espacios comunes".

"Una de las propuestas para garantizar las soluciones rápidas a las deficiencias constructivas sería instalar cuadrillas de mantenimiento permanentes a disposición de les vecines. Sin embargo, es importante que las soluciones no sean un parche sobre un problema instantáneo sino que contemplen una solución habitacional a largo plazo", aseveró Durruty.

"Según nuestro relevamiento, el 93,3% de los vecinos ha realizado reclamos ante los responsables, de los cuales, el 95,6% no tuvo solución a los reclamos presentados. Donde sí hubo respuesta se demoró mucho tiempo antes de obtener solución y en varios casos se denunció que la secretaría no pudo resolver el problema", consignó.

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Por otro lado, agregó que "luego de muchos meses de insistencia se convocó a mesas de trabajo con el objetivo de resolver los problemas de las viviendas. La participación en estas mesas también es motivo de conflicto por la falta de transparencia en la convocatoria y la falta de representatividad de les participantes. Sin embargo, en el tercer encuentro se llegó a una conclusión interesante. Se reconocieron los problemas del agua caliente y de la ausencia de matafuegos y se anunció la instalación de termotanques eléctricos. Estas resoluciones de la tercera mesa de trabajo son significativas porque confirman los problemas estructurales que vienen denunciando les vecines desde la fecha de su relocalización. Tanto el estado de los matafuegos como la imposibilidad de reparar el sistema de agua caliente sanitaria debiendo reemplazarlo por otro y refaccionar las viviendas señala las deficiencias constructivas del complejo habitacional. Al presente no se avanzó con la instalación del nuevo sistema para que las familias tengan agua caliente a través de termotanques eléctricos".

"Cabe destacar que les vecines tienen que pagar una deuda a 30 años por estas viviendas que no les están brindando la seguridad que corresponde. En muchos casos, la relocalización les hizo perder sus comercios o su clientela y así perdieron los ingresos que les permitirían pagar esta deuda. Por otro lado, se les brindó una garantía de tan solo un año, que no es suficiente tiempo de uso para sacar a la luz la totalidad de vicios constructivos de los edificios. El informe revela fallas graves en tan solo un año de uso. Al mes de octubre, tres meses después del relevamiento la situación ya es otra, cada vez peor. es difícil imaginarse que se pueda vivir mucho tiempo más en viviendas de tal calidad”, concluyó.

Finalmente, Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, destacó que “las deficiencias constructivas de las Viviendas Nuevas del Barrio de YPf y sus problemas estructurales forman parte del plan del GCBA de facilitar a la presión inmobiliaria de hacerse con estos suelos públicos a futuro. El GCBA hace todo lo posible para no consolidar el barrio y para no otorgar todas las soluciones habitacionales definitivas que necesitan las familias. Por este motivo, en las relocalizaciones muchas familias recibieron viviendas que no tienen las habitaciones suficientes para los integrantes del hogar. En otros casos, no les reconocieron los locales donde realizaban actividades productivas y comerciales, a la vez que las familias se endeudaron para acceder a estas viviendas. En las escrituras, tampoco el GCBA aceptó eliminar la posibilidad de que las viviendas fueras subastadas por falta de pago. Este proceso de reurbanización o integración social y urbana tiene más rasgos de un proceso de gentrificación lento a largo plazo para que el barrio desaparezca y estos suelos sean destinados a emprendimientos inmobiliarios suntuosos al estilo de Puerto Madero como impulsa el GCBA en Costa Salguero en la Costanera Norte y el de Costa Urbana en la Costanera Sur”.

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