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Establecen sumas millonarias para quienes sufran daños por las vacunas

El Gobierno pagará indemnizaciones a las personas que sufran "daños físicos" como consecuencia directa de haberse aplicado las vacunas contra el Covid-19.

El Gobierno nacional creó el Fondo de Reparación Covid-19, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que pagará indemnizaciones millonarias a las personas que sufran "daños físicos" como consecuencia directa de haberse aplicado alguna de las vacunas contra el coronavirus en la Argentina.

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El decreto 431/21, publicado este sábado en el Boletín Oficial, estableció esa herramienta para centralizar el "pago de indemnizaciones a las personas humanas que hayan padecido un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la Vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19".

"El acceso al resarcimiento solo requerirá acreditar la existencia del daño y su nexo causal con la vacuna mediante la preponderancia de la evidencia, sin que sea necesario atribuir otro factor de responsabilidad a cualquiera de los potenciales agentes del daño", informó el Gobierno.

En caso de fallecimiento de la persona que recibió la vacuna tendrán derecho a percibir la indemnización sus hijxs; en caso de que no tenga, sus progenitores; y el o la cónyuge, siempre que no se hubiera encontrado separado o separada de hecho al día de la muerte.

El monto del resarcimiento

El Fondo pagará una indemnización en caso de muerte o incapacidad física total y permanente de la persona damnificada. La suma se fijó en 240 veces el haber mínimo jubilatorio del SIPA, lo que significa $5.535.528, ya que la jubilación mínima actualmente se encuentra en 23.064,70 pesos.

"Las indemnizaciones correspondientes a daños que no causen incapacidad física total o permanente se deberán valuar en forma directamente proporcional a esta suma de acuerdo con el porcentaje de incapacidad que determinen las comisiones médicas previstas", aclara el decreto.

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Será el Ministerio de Salud de la Nación, junto con la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, quien "establecerá los criterios generales para la determinación de la relación de causalidad sobre la base de la preponderancia de la evidencia, entre la aplicación de la vacuna y el daño denunciado, y aquellos necesarios para la determinación del grado del daño".

No obstante, lo dictaminado por las comisiones médicas será revisable judicialmente ante la Cámara Federal de Apelaciones de la jurisdicción de la persona que pretenda el reconocimiento resarcitorio.

El Gobierno determinó que el reclamo de la indemnización prescribe a los tres años: el cómputo del plazo de prescripción comienza a correr a partir de que el daño causado por la Vacuna COVID-19 se conoció o se pudo haber conocido.

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