Después de la represión feroz que las fuerzas de seguridad cometieron contra lxs manifestantes mientras se debatía la Ley Bases en el Congreso, el Gobierno porteño -en línea con la política del Gobierno nacional- presentó una denuncia penal para investigr "los hechos de violencia" supuestamente cometidos por quienes protestaron. Ahora, la Justicia porteña dio curso a esa denuncia y solicitó a los canales de televisión que remitan sus filmaciones sobre los sucesos ocurridos el viernes pasado.
"La Justicia porteña dio curso a la denuncia penal que presentó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se investiguen los hechos de violencia ocurridos durante el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso y solicitó a los canales de TV que remitan sus filmaciones sobre esos incidentes", informó este martes el Gobierno porteño a través de un comunicado.
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Según se precisó, la fiscalía penal a cargo de Tomás Vaccarezza formalizó ese requerimiento a través de una comunicación enviada al Jefe de Superintendencia de Operaciones de la Policía de la Ciudad, comisario mayor Marcelo Esteban Noguerol.
La denuncia penal que promovió la Ciudad se inscribe en el ordenamiento del jefe de Gobierno Jorge Macri, que considera un acto de violencia que se proteste contra la quita de derechos de la Ley Ómnibus. En esa línea, el objetivo es "poner fin a la violencia y a las acciones extorsivas por parte de quienes obstruyan la circulación en las calles o provoquen daños al patrimonio público y al mobiliario urbano".
"La limpieza, reparación y ordenamiento de la zona afectada por los violentos en la manifestación implica un costo para la Ciudad de $106.890.000. Vamos a hacerles pagar este costo a aquellos vándalos y delincuentes que destruyeron el mobiliario urbano que es de todos”, advirtió Jorge Macri esta mañana.
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En su presentación, Vaccarezza pidió que se requiera a los canales televisivos Todo Noticias, La Nación +, Canal 26, Crónica TV, C5N, América Noticias, Telefe y Canal 9 que, "en carácter urgente", remitan a esa Superintendencia, dentro de las 24 horas, las filmaciones de toda la cobertura efectuada en las inmediaciones del Congreso de la Nación el pasado viernes. Además, el fiscal solicitó que "se releven e incorporen los videos obtenidos por el Centro de Monitoreo Urbano y cámaras privadas" que hubieran "captado hechos delictuales o contravencionales en dicha zona".
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Según explicó el Gobierno de la Ciudad, el objetivo de la investigación apunta a "detectar contravenciones" en cada una de las conductas registradas e "identificar a las personas involucradas". Asimismo, pide que se describan "específicamente las conductas desarrolladas por las personas individualizadas a raíz del análisis de los videos y demás material recibido".
"En caso de daños materiales se deberá indicar en qué consistieron y el valor estimado de reparación", agrega el documento instructivo del fiscal.
En este sentido, desde la fiscalía solicitan que luego de "individualizar" a las personas, se establezcan si responden o no a "alguna persona jurídica, organización social o política, situación migratoria de ser extranjeras, y determinen posibles vinculaciones entre ellas".
Por último, la Justicia porteña pide que "se labre un informa detallado dónde conste el resultado de todas las medidas dispuestas" para que "sea remitido a esta sede fiscal a la mayor brevedad posible".
Por su parte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que impulsó multas a organizaciones sociales y políticas que participaron de distintas marchas contra el Gobierno, en esta ocasión, tras la violenta represión ordenada por ella durante la semana pasada, decidió subir la apuesta y, no sólo justificar el desmedido uso de la fuerza policial sino que también ya adelantó en sus redes sociales los presuntos gastos del operativo y aseguró que va a pasar factura por ellos.
