La titular del PRO, Patricia Bullrich, documentó una denuncia en Twitter contra el Presidente, Alberto Fernández, y los gobernadores -de la Provincia de Buenos Aires- Axel Kicillof; -de Catamarca- Raúl Jalil; -de Chaco- Jorge Capitanich; -de Chubut- Mariano Arcioni; -de Entre Ríos- Gustavo Bordet; -de Formosa- Gildo Insfrán; y -de La Pampa- Sergio Ziliotto.
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También al de La Rioja Ricardo Quinquella; de San Juan Sergio Uñac; de San Luis Alberto Rodriguez Saá; de Santa Cruz Alicia Kirchner; de Santiago del Estero Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego Gustavo Melella; de Tucumán Osvaldo Jaldo; de Río Negro Arabela Carreras; de Misiones Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén Omar Gutierrez y de Salta Gustavo Saénz.
Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional. ¡Tienen que ir presos! Con @FerIglesias y Sabrina @Ajmechet presentamos una denuncia por el delito de sedición y traición a la Patria. ?https://t.co/VZeKr1vdVF
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 25, 2022
“La sedición ha quedado configurada a nuestro entender al momento en el que se dieron a publicidad el comunicado y los comentarios por los que los distintos funcionarios suscriptores del mismo, han dejado claro no solo que no se está de acuerdo con el fallo, algo que resulta comprensible frente a cualquier decisión judicial que se puede o no compartir, sino que no se está dispuesto a cumplir lo que la Corte ha ordenado, inclusive instigando a la desobediencia, cosa que resulta absolutamente inaceptable en un estado de derecho”, denunció..
“Además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo”, continúa, y luego aclara: “el fallo no implica, de ninguna manera, detraer fondos de coparticipación de las provincias”.
De esta manera, Bullrich, y los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, como cofirmantes, presentaron la denuncia penal.
Según indicaron, en una lectura muy distorsionada, el hecho denunciado se encuentra previsto en el artículo 230 inciso 2 del Código Penal que reza: “Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años: Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”.
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